Santa Cruz de Tenerife, 27 feb (EFE).
– El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acordado este viernes dejar sin efecto hasta el 31 de diciembre de 2026 el sistema de restricciones por letras pares e impares en los taxis, para evaluar su repercusión antes de adoptar una decisión definitiva sobre su continuidad o modificación.
La decisión ha sido adoptada por unanimidad en el pleno de la corporación municipal, y consiste en la supresión del actual calendario regulador del servicio público del taxi en el municipio, según ha informado el Ayuntamiento de la capital tinerfeña en una nota.
La iniciativa fue elevada al pleno tras la reunión mantenida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala delegada en materia de transporte público del taxi, Gladis de León, con representantes de la asociación Élite Taxi, quienes habían solicitado la revisión del modelo actual con el objetivo de incrementar la disponibilidad de vehículos en la vía pública.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala que con este acuerdo se da respuesta a una demanda trasladada tanto por profesionales del sector como por la ciudadanía, que reclamaba una mayor oferta del servicio en determinados momentos de alta demanda.
El regidor añade que la supresión temporal del calendario permitirá que la totalidad de las licencias puedan operar libremente hasta final de año, lo que contribuirá a mejorar la cobertura y la capacidad de respuesta del taxi en la capital.
Por su parte, la concejala delegada del taxi, Gladis de León, destaca que “este acuerdo es fruto del diálogo y del trabajo coordinado con los representantes del sector, dentro de un marco de responsabilidad y análisis técnico”.
Asimismo, subraya que la Mesa del Taxi continuará siendo el espacio de referencia para abordar de manera conjunta las necesidades del servicio, evaluar el impacto de esta medida y seguir incorporando mejoras que refuercen la calidad y eficiencia del transporte público del taxi en el municipio.
El Ayuntamiento recuerda que la medida tendrá carácter temporal hasta final de 2026, cuando se realizará una evaluación técnica y sectorial de sus efectos en términos de oferta, demanda y funcionamiento general del servicio, con el fin de determinar la conveniencia de su mantenimiento, modificación o reversión.
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