Betancort garantiza la continuidad pública de los Centros de Arte, Cultura y Turismo

Arrecife (Lanzarote), 2 mar (EFE).

– El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), ha afirmado este lunes que la continuidad del modelo de gestión pública de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) está «garantizada», tras cuestionarla el PSOE por la modificación de sus estatutos.

En un comunicado, Betancort ha explicado que la modificación estatutaria responde «a un trabajo técnico y jurídico orientado a adaptar el texto a la normativa vigente, fortalecer la seguridad jurídica y dotar a los Centros de mayor solidez administrativa ante los desafíos actuales del sector turístico».

«El Cabildo no está promoviendo ningún cambio que altere la naturaleza pública de los Centros ni que afecte a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Esta actualización consolida el modelo público y aporta estabilidad», ha recalcado su presidente.

Ha anunciado que el texto definitivo incorporará una mención expresa «para dejar constancia inequívoca de que los trabajadores y trabajadoras están incluidos en las obligaciones que asumiría el Cabildo en los supuestos legalmente previstos».

Betancort ha lamentado que se intente generar inquietud en torno a un proceso técnico que tiene como finalidad reforzar la gestión pública.

«No se puede sembrar dudas sobre la estabilidad de los Centros cuando el propósito es precisamente fortalecer su marco jurídico y su carácter público», ha subrayado.

Según Betancort, la controversia generada parte de la interpretación del concepto de «sucesión universal» incluido en el texto de los nuevos Estatutos, que, en términos jurídicos, implica la asunción íntegra de derechos y obligaciones por parte del Cabildo en caso de extinción de la Entidad.

«Cuando hablamos de sucesión universal, hablamos de todo, sin excepciones.

Eso incluye también a la plantilla», ha señalado Betancort.

El PSOE de Lanzarote había exigido la paralización de la modificación de los estatutos de los CACT, al considerar que supone «un grave retroceso en las garantías laborales de la plantilla y pone en cuestión el carácter público de la entidad».

EFE1012213sgc/cda