Las Palmas de Gran Canaria, 3 mar (EFE).
– La Plataforma por un Mar Limpio, formada por colectivos y ciudadanos de Telde (Gran Canaria), ha exigido este martes al Gobierno canario que aclare el alcance del acuerdo con la empresa acuícola que opera en las costas del municipio, ya que apunta que el «supuesto cese» de la actividad «no existe».
En un comunicado, la plataforma ha indicado que en una reunión que han mantenido con el consejero de Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el director general del área, Esteban Reyes, ambos reconocieron que el acuerdo para el cese de la actividad de la empresa que opera en la costa de Telde solo afecta a una concesión, Melenara II, y no tiene carácter vinculante.
El Ejecutivo canario no tiene competencia para obligar a la empresa a que ponga fin a su actividad, según la plataforma, que recuerda que el Gobierno de Canarias difundió el pasado 12 de febrero un comunicado en el que indicaba que en mayo de 2025 se había acordado el cese de la actividad acuícola en Telde.
Fue un «anuncio engañoso del Gobierno canario», ha señalado la plataforma.
«El supuesto cese anunciado no existe, fue un titular vacío, sin efectos jurídicos, sin planificación y difundido justo antes de una manifestación ciudadana», ha agregado.
La plataforma ha hecho hincapié en que la concesión Melenara II opera en una zona prohibida para la acuicultura, a 355 metros de la playa, y la empresa estaba obligada a desmantelar progresivamente la antigua instalación.
Además, el colectivo ha apuntado que la administración «admite no saber en qué estado se encuentra el proceso y reconoce que su cumplimiento depende exclusivamente de la empresa».
Ha reprochado también la «falta de transparencia» en el episodio de mortandad masiva de peces ocurrido en el litoral de la costa de Telde el pasado mes de octubre.
Por todo ello, la plataforma ha exigido al Gobierno que aclare el alcance real del acuerdo anunciado, obligando al desmantelamiento de Melenara II (ubicada en Salinetas), garantice el acceso a los expedientes, establezca protocolos reales de contingencia ante episodios como el ocurrido en octubre y refuerce la vigilancia de las concesiones.
Asimismo, ha confiado en que la Fiscalía, que investiga la causa que motivó la mortandad de los peces, actúe con «firmeza ante quienes miran hacia otro lado mientras nuestras playas sufren contaminación y abandono institucional».
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