Las Palmas de Gran Canaria, 10 mar (EFE).
– El colectivo Derecho al Techo ha denunciado que el nuevo sistema canario de adjudicación de vivienda pública es «ilegal y jurídicamente impugnable» y ha exigido su nulidad.
Así lo ha expresado en un comunicado con respecto al Decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación, aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias el 23 de diciembre de 2025 y ampliado el 9 de marzo de 2026, que establece que las personas solicitantes deben acreditar doce años de residencia continuada en las islas para poder acceder a una vivienda pública.
Desde Derecho al Techo consideran que este decreto «vulnera normas de rango superior», como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española.
A juicio del colectivo, un decreto «no puede restringir, limitar ni reinterpretar derechos reconocidos en una ley orgánica ni en la propia Constitución», y cuando lo hace, «incurre en nulidad de pleno derecho o, como mínimo, en causa de anulación».
El requisito de doce años de residencia «contradice y vacía de contenido el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias», que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Además, ha advertido, puede vulnerar el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo.
En esta línea, ha criticado que el Gobierno de Canarias haya comenzado a «repartir» y anunciar adjudicaciones de viviendas públicas que, «en realidad, no existen», lo que ha valorado como «una maniobra claramente electoralista que busca ganar titulares mientras la población sigue sin acceso real a vivienda digna y adecuada».
Esta «estrategia», apunta Derecho al Techo, «no soluciona el problema estructural de escasez de vivienda pública, sino que convierte un derecho fundamental en un instrumento de propaganda política».
Para el movimiento vecinal, «imponer doce años de residencia no protege a la población canaria, no aumenta el parque público de vivienda y no frena la especulación ni el uso turístico de la vivienda» sino que, al contrario, «desvía el problema de la escasez estructural de vivienda pública hacia los sectores más vulnerables, fomentando la exclusión y la desigualdad».
El derecho a la vivienda, ha subrayado, no se defiende «levantando barreras administrativas, sino cumpliendo el Estatuto de Autonomía, respetando la Constitución, aumentando el parque público de vivienda, regulando el mercado y poniendo límites reales a la especulación».
Derecho al Techo ha pedido «la retirada inmediata y la nulidad» de este decreto, así como la puesta en marcha de «políticas públicas valientes» que garanticen el derecho a la vivienda para todas las personas que viven en Canarias.
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