Las Palmas de Gran Canaria, 11 mar (EFE).
– El presidente de Primero Canarias en Guía y exalcalde del municipio grancanario, Pedro Rodríguez, ha afirmado este miércoles que con el archivo de la denuncia anónima que hace más de un año lo acusó de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, «se demuestra una vez más» que actuaron «de acuerdo a la legalidad».
En rueda de prensa, ha explicado que ayer recibió el decreto de archivo de la Fiscalía de Las Palmas y que con esta resolución quiere «cerrar el círculo» de una denuncia que considera que ha tenido como objetivo hacer daño a su familia, manchar su imagen y eliminarle de las circulación política en Guía.
La denuncia fue recibida en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en enero de 2025 y le acusaba a su esposa y a él de haber recibido un trato de favor al ser beneficiarios de un considerable descuento en la compraventa entre 2015 y 2017 de dos inmuebles, cuya obra fue promovida por la promotora Marcevega SL.
A cambio, según el denunciante, en 2016, durante el mandato de Rodríguez como alcalde, este habría impulsado la compra por el Ayuntamiento de ocho locales comerciales a esa misma empresa.
La denuncia también indicaba que en esa operación participó un letrado, ajeno al Consistorio, pero «vinculado íntimamente» a Rodríguez, del que utilizaba sus servicios por la inexistencia de empleados públicos cualificados.
Por estos hechos, la Fiscalía autorizó en julio de 2025 recabar la documentación necesaria para la investigación a los agentes del Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Policía Judicial de Las Palmas, que revisaron el Registro de la Propiedad, las cuentas bancarias del matrimonio y las instalaciones del Ayuntamiento de Guía.
Según el decreto de archivo, consultado por EFE, «de la documentación recibida y de las diligencias de la investigación acordadas, tras su estudio y valoración, se puede llegar a la conclusión de que los hechos denunciados no constituyen, ‘per se’, hecho delictivo alguno».
En ese sentido, el documento detalla que no se cumplen los requisitos necesarios para incurrir en los delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias.
Además, indica que la operación de compraventa entre el Ayuntamiento y la promotora de los ocho locales comerciales se rigió por el procedimiento abierto que «garantiza que cualquier empresa interesada pueda presentar una oferta, promoviendo la transparencia y la libre competencia» y que «parece quedar acreditado que la necesidad de compra» de estos inmuebles «trae causa del Plan Corrector del Desequilibrio Financiero», aprobado por el Pleno de la corporación en noviembre de 2016.
En cuanto a los inmuebles adquiridos por Rodríguez y su esposa, señala que tampoco se observan irregularidades en las operaciones de compraventa.
Finalmente, la Fiscalía considera que sobre la contratación del abogado «tampoco cabe apreciar la comisión de ilícito penal alguno» e indica que el letrado llevaba prestando servicios jurídicos de asesoramiento al Ayuntamiento de Santa María de Guía «desde años antes» de que Rodríguez fuese alcalde del municipio.
Rodríguez ha manifestado que «la Justicia ha hablado y ha hecho su trabajo» al señalar que «gana la verdad» frente a «sembrar esa duda» sobre su honestidad, porque «con este archivo de esta denuncia anónima se demuestra una vez más que hemos actuado de acuerdo a la legalidad».
«Estoy limpio», ha señalado al indicar que este archivo les da «más fuerza a Juntos por Guía» y a él para trabajar por el municipio y sus vecinos.
Sobre el denunciante anónimo, ha manifestado que no ha querido centrarse a lo largo de todos estos meses en quién pudiera ser, ya que su única preocupación ha sido «defender su honor y demostrar que siempre actuamos conforme a la ley».
Igualmente ha indicado que no tiene «ánimo de revancha» y que solo quiere «seguir defendiendo a mi municipio con la misma honestidad de siempre».
El Ayuntamiento, en «parada técnica»Rodríguez ha criticado durante la rueda de prensa la situación actual del Ayuntamiento de Guía, señalando una falta de transparencia y de planificación para el municipio.
Además, ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la interventora en el pleno del pasado 26 de febrero, en el que afirmó que el Consistorio se encuentra en «parada técnica» y que hay «facturas en los cajones».
Igualmente ha indicado que han tenido conocimiento de que hay empresas que no cobran desde hace casi un año.
El presidente de Primero Canarias en Guía ha criticado también que la corporación local continúe trabajando con el presupuesto prorrogado de 2024 y ha denunciado que en el último pleno se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de un millón de euros para servicios básicos que se carga al ejercicio de 2026 y en el que la propia interventora advierte de una omisión de la fiscalización.
Rodríguez ha indicado que, por estos motivos, el pasado lunes solicitaron que la interventora les aclare la situación económica del Ayuntamiento, y ha invitado al grupo de gobierno municipal a «que se centren y trabajen por los vecinos y vecinas de Guía».
EFEmrgz/jmr