(Actualiza con más declaraciones)Vitoria, 19 mar (EFE).
– Los gobiernos de Euskadi y Canarias han pedido al resto de comunidades autónomas que actúen con responsabilidad y altura de miras en el reparto de menores migrantes sin apoyo familiar y han reclamado un plan de migración estatal que aborde este fenómeno como una cuestión estructural y no coyuntural.
Delegaciones de ambos ejecutivos han celebrado este miércoles en Vitoria una jornada de trabajo que estaba programada desde hacía tiempo pero que ha coincidido con la aprobación ayer de un real decreto para reformar la ley de extranjería para articular un mecanismo de reubicación de los menores desde zonas con los recursos saturados, como Canarias o Ceuta.
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha valorado que esa modificación legal permitirá hacer un «reparto corresponsable» de estos menores y ha explicado que aún se desconoce cuántos llegarán a cada comunidad autónoma porque antes es necesario recopilar los datos de todas las regiones, un registro que a día de hoy no existe.
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha precisado que cuando esos datos estén «blanco sobre negro», se verá el esfuerzo que ha hecho cada autonomía en la acogida de menores (el esfuerzo previo es uno de los requisitos que desde ahora se tendrán en cuenta al distribuir a estos menores) y a partir de ahí se determinará a cuántos acogerá cada comunidad.
Ha lamentado que hasta la aprobación ayer de este decreto la declaración de emergencia humanitaria en Canarias por el colapso de sus recursos no haya obtenido respuesta ni de las instituciones estatales ni de las autonómicas, con la excepción de País Vasco y Cataluña, cuyo solidaridad ha agradecido.
Cabello: «Fracasamos como Estado»»Me preocupa que cuando Canarias gestiona 5.
875 menores, se hable de que algunas comunidades autónomas están saturas porque tienen 150 o 30 menores.
En esto fracasamos como Estado y fracasamos en la solidaridad entre autonomías si no abordamos el problema desde una perspectiva humanitaria», ha dicho Cabello, y ha añadido: «Es el momento de la política de la responsabilidad».
El portavoz del Ejecutivo canario ha defendido que la migración debe ser «una política de Estado», que las medidas para gestionarla no deberían ser aprobadas «en el Congreso por una mayoría exigua» y ha reclamado un plan migratorio estructural para hacer frente a un «drama humanitario», tal y como demuestra que «el año pasado murieron 10.
000 personas intentando llegar a las islas.
«Tenemos que hacer que las conciencias en el conjunto del Estado se remuevan y pongan en el centro de la gestión política a estos niños y que las miradas desde Europa se giren hacia España», ha añadido Cabello.
Ambos mandatarios han valorado el decreto aprobado ayer, aunque Melgosa ha lamentado que hayan quedado fuera del decreto algunas reclamaciones del Gobierno Vasco como la consideración de Euskadi como frontera norte, la propuesta para formar y contratar a migrantes desde sus países de origen, y la movilidad entre comunidades autónomas de los menores en tránsito hacia Europa.
Piden al PP altura de mirasPreguntados por el rechazo al reparto de menores expresado por las comunidades autónomas del PP, la consejera vasca ha pedido a los populares que actúen con «altura miras» ante un problema «grave», al tiempo que les ha recordado que el decreto es de obligado cumplimiento.
Cabello ha recordado que el PP forma parte del Gobierno de coalición de Canarias y que en su comunidad se han mostrado favorables al decreto.
De hecho, ha añadido, en las islas solo Vox lo ha rechazado.
Otra cosa, ha dicho, cuando estas cuestiones llegan «a la jaula de grillos que es el Congreso de los Diputados».
Las delegaciones vasca y canaria se han reunido a lo largo de la mañana con las diputaciones forales y los ayuntamientos de las capitales de Euskadi, con ONGs del tercer sector y con los grupos políticos del Parlamento Vasco.
En esta última cita, la representante del PP Laura Garrido ha expresado su disconformidad con el reparto por entender que «no es equitativo» sino que se ha hecho «a medida de Junts y de Cataluña», según ha explicado después en rueda de prensa.
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