Las Palmas de Gran Canaria, 18 mar (EFE).
– Coalición Canaria (CC) ha acusado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de haber «fallado» en su responsabilidad de hacer compatible la celebración del carnaval con los derechos de la ciudadanía, tras conocer este miércoles la sentencia que lo condena a pagar indemnizaciones a vecinos que denunciaron los perjuicios que les causaba la fiesta.
El portavoz de CC en la corporación, David Suárez, en un comunicado que sale al paso del pronunciamiento judicial, insta, en primer lugar, a recurrirlo, pero también a buscar una fórmula que garantice el futuro de la fiesta en la calle sin que vuelva a verse amenazada por las quejas ciudadanas ante las molestias que les provoca.
Suárez subraya que el fallo no es firme y que cabe recurso de apelación, por lo que entiende que el Ayuntamiento está en su derecho de defender jurídicamente la fiesta y debe hacerlo.
El portavoz nacionalista apostilla, no obstante, que «lo que no puede hacer es esconderse detrás del recurso para no afrontar el problema de fondo» y que debe hallar el modo de solventar las denuncias recurrentes de quienes viven en el entorno de los escenarios del carnaval sin que ello perjudique al futuro de las fiestas.
Coalición Canaria -señala- considera que «defender el Carnaval no es negar los problemas, ni desacreditar a los vecinos, ni esperar a que todo lo resuelva un tribunal».
Ese partido opina que «defender el Carnaval es sentarse ya con los grupos carnavaleros, con los residentes, con la Autoridad Portuaria, con la Policía Local, con Movilidad y con todos los servicios implicados para diseñar el modelo de 2027 con tiempo, seriedad y seguridad jurídica».
Suárez plantea que «la propia sentencia lo deja claro, cuando viene a decir que el debate no es Carnaval sí o Carnaval no, sino dónde y cómo se organiza para hacerlo compatible con la legalidad y con los derechos de los vecinos».
«Ese trabajo era responsabilidad del Ayuntamiento y este gobierno ha fallado», sentencia a continuación.
El edil nacionalista añade que «el problema no se limita a una sentencia concreta, sino a una cadena de decisiones mal resueltas durante años» y que, por tanto, «esta situación exige una reflexión de ciudad».
EFEcms/pcr