Puerto del Rosario (Fuerteventura), 20 mar (EFE)- La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana ha denunciado este viernes que el nuevo decreto de dependencia del Gobierno canario deja atrás a islas como Fuerteventura al no resolver los problemas de fondo del sistema.
La portavoz en la materia del grupo nacionalista progresista ha advertido, en un comunicado, de que la norma mantiene sin solución la fata de recursos y la desigualdad territorial en el acceso a los cuidados en el archipiélago.
Santana ha criticado que el Ejecutivo impulse un modelo que impide a muchas canarias y canarios ejercer los derechos reconocidos y ha afirmado que Canarias “no puede seguir siendo gobernada a base de decretos de urgencia que evitan el debate de fondo”, que es el de analizar “cómo construir una red pública de cuidados que llegue a todos los rincones de Canarias”.
El nuevo decreto que modifica el de 2023 sobre las prestaciones de dependencia y la Ley de 2019 de Servicios Sociales de Canarias en materia de compatibilidades será debatido para su convalidación en el pleno de la Cámara de la próxima semana.
Natalia Santana ha señalado la grave situación que atraviesa el sistema de dependencia en Canarias y ha denunciado que el decreto de CC y el PP “no resuelve los problemas de fondo, especialmente en islas como Fuerteventura, donde hay derechos que no se pueden ejercer”.
La comunidad canaria se enfrenta a un sistema “desbordado”, con miles de personas en lista de espera y con casos “inaceptables” en los que el derecho está reconocido, pero la atención “nunca llega”.
A esta situación, ha añadido, se suman las denuncias de los colegios profesionales y trabajadores, que alertan de la falta de recursos, desorganización, sobrecarga del personal y una burocracia excesiva.
Santana ha valorado algunas mejoras, como el aumento de las cuantías o la compatibilidad de prestaciones al mismo tiempo que ha mostrado su preocupación por la creación del llamado Grado III+ de dependencia extrema.
Se anuncia una ayuda de una gran cuantía, pero se oculta que puede convertirse en una “pesadilla burocrática” para las familias.
Según ha explicado, la prestación es finalista, lo que “obliga a justificar cada gasto bajo el riesgo de suspensión o devolución de las ayudas”, por lo que ha rechazado que se cargue a las familias, “ya exhaustas” que cuidan a personas con enfermedades muy complejas, la responsabilidad de la gestión administrativa.
Natalia Santana se ha centrado en concreto en la realidad de Fuerteventura, donde el decreto, en su opinión, evidencia una profunda desigualdad territorial.
La norma, como ha indicado, permite contratar servicios o hacerlo directamente, pero ignora que, en muchas zonas de la isla, simplemente “no hay a quién contratar”.
Municipios como Pájara, Tuineje o en amplias zonas de Puerto del Rosario, según Natalia Santana, no existe una red suficiente de empresas de asistencia personal o ayuda a domicilio por lo que se pregunta “¿de qué sirve reconocer un derecho si no hay servicio disponible? De nada”.
Por ello, ha avisado que muchas familias majoreras se ven obligadas a asumir tareas que no les corresponden, como buscar personal, gestionar contratos o asumir responsabilidades laborales.
Para Natalia Santana, “no puede ser que el acceso a los cuidados dependa del lugar donde vivas”.
La portavoz en políticas sociales de NC-BC en el Parlamento se ha mostrado contundente al sostener que la “obligación” de garantizar los servicios corresponde a la administración pública.
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