Santa Cruz De Tenerife, 26 mar (EFE).
– El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha señalado este jueves que, para él, canario no es sólo quien ha nacido en Canarias sino quien tiene un proyecto de vida en las islas, después de que Vox cuestionase que el nuevo sistema de arraigo para acceder a una vivienda pública queda «neutralizado» por el empadronamiento de inmigrantes ilegales.
El parecer sobre este asunto se produjo en la comisión parlamentaria de Vivienda cuando la diputada de Vox Paula Jover preguntó al consejero por las mejoras que aporta al problema de la vivienda el nuevo decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación de vivienda protegida.
Jover alabó las medidas incluidas en el decreto pero preguntó específicamente cómo se va a determinar el requisito de acreditar una residencia en las islas durante 12 años ininterrupidamente o 15 de forma interrumpida, y si en este periodo serán válidos para su cómputo los tiempos de residencia ilegal cuando haya empadronamiento.
La diputada ha opinado que este sistema de arraigo al final va a quedar neutralizado y no se va a garantizar que sean los canarios los que accedan a las viviendas, ha citado como ejemplo casos como el de que si en una familia de inmigrantes hay una persona con discapacidad se produce una adjudicación directa y ha concluido con que «ya hemos visto cómo este Gobierno prioriza a los inmigrantes ilegales por ser vulnerables».
El consejero ha replicado que este decreto cambia las reglas del juego en el registro de demandantes de vivienda protegida al eliminar la adjudicación por sorteo e introducir una baremación objetiva con criterios sociales y económicos y ha añadido que el elemento más polémico «y el que más he defendido» es el del arraigo.
Ha señalado que se trata de un doble requisito, pues se pide acreditar 12 años de residencia continua o 15 ininterrumpida, o bien 5 años de empadronamiento en el municipio donde se ejecuta la promoción de vivienda de protección.
Además ha precisado que la adjudicación de una vivienda en este ámbito por condición de vulnerabilidad existía con anterioridad, se barema a través de los servicios sociales de los ayuntamientos «y es una fórmula excepcional y extraordinaria que no es justo quitar».
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