Santa Cruz De Tenerife, 31 mar (EFE).
– Los ingenieros agrónomos han pedido que en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias se de prioridad al uso agrícola para el agua de mayor calidad, y se reconozca el papel estratégico de este sector como principal consumidor de agua y base de la soberanía alimentaria.
Son parte de las propuestas presentadas por la Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias en Tenerife a la actualización del reglamento, actualmente en fase de consulta pública y que la entidad califica este martes en un comunicado de «paso necesario» para adaptar la gestión del agua a la normativa.
Entre las principales propuestas que ha realizado la entidad destaca la prioridad del uso agrícola para el agua de mayor calidad, así como el impulso decidido al uso de aguas regeneradas como fuente alternativa para el riego.
Para ello, se plantea fomentar infraestructuras que garanticen su distribución, especialmente en zonas con mayores dificultades de acceso como las medianías.
Asimismo, los ingenieros agrónomos subrayan la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión del recurso y al respecto señalan que reducir las pérdidas de agua en redes de transporte y almacenamiento «debe convertirse en una obligación, estableciendo límites claros y promoviendo la modernización de las infraestructuras hidráulicas, tanto públicas como privadas».
El sector también pone el acento en la seguridad jurídica, especialmente en lo relativo al uso de aguas regeneradas, y para ello reclaman una definición clara de responsabilidades entre los distintos agentes implicados.
Igualmente, se solicita el reconocimiento específico de las comunidades de regantes y otras entidades tradicionales, fundamentales en el modelo hidráulico canario.
Por otro lado, abogan por simplificar los procedimientos administrativos, impulsar la digitalización de las infraestructuras y establecer incentivos para aquellas entidades que cumplan con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad.
Los ingenieros agrónomos advierten de la importancia de que la nueva normativa sea proporcional y adaptada a la realidad insular, evitando cargas técnicas o económicas excesivas que puedan comprometer la viabilidad de las explotaciones agrarias.
La Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias en Tenerife confía en que el proceso de consulta pública permita construir una regulación equilibrada, capaz de proteger los recursos hídricos sin poner en riesgo el desarrollo del campo canario.
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