Las Palmas de Gran Canaria, 1 abr (EFE).
– El Cabildo de Gran Canaria ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación del Real Decreto 451/2022, al considerar que su aplicación actual genera un trato desigual entre beneficiarios de ayudas a energías renovables en Canarias.
La corporación insular, en un comunicado, plantea que, «mientras que las ayudas gestionadas directamente por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) han sido flexibilizadas, permitiendo ampliar los plazos de ejecución y adaptar el cumplimiento de los hitos, las reguladas por el Real Decreto 451/2022, incluidas las vinculadas a la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas y gestionadas por el Gobierno de Canarias, mantienen un régimen más restrictivo, con plazos cerrados y sin posibilidad de modificación».
Lo cual supone, según destaca, que, «en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, distintas líneas de ayuda financiadas con cargo al mismo componente (C7.
I2) están siendo sometidas a condiciones de ejecución diferentes».
Frente a ello, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha declarado: “lo que estamos planteando es una cuestión de justicia y de coherencia en la gestión de los fondos europeos.
No puede haber proyectos que, siendo iguales y financiados con los mismos recursos, tengan condiciones distintas en función de cómo se gestionan”.
Desde ese planteamiento, Morales ha añadido: “no vamos a aceptar un trato desigual que perjudica a nuestra isla y pone en riesgo inversiones estratégicas para la transición energética”.
Hasta el punto de que «vamos a acudir a los tribunales y a todas las instancias que sean necesarias para defender los intereses de Gran Canaria y pelear unos fondos europeos que son ahora más necesarios que nunca”, ha advertido el presidente del Cabildo.
Quien ha aducido que “este trato desigual debió haberse corregido ya en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno y convalidado el pasado jueves en el Congreso, incorporando medidas que garantizaran la igualdad en la ejecución de estos fondos, especialmente en un territorio ultraperiférico como Canarias”.
Esta diferencia implica que proyectos con el mismo origen de financiación y los mismos objetivos están sujetos a reglas distintas, lo que, a juicio del Cabildo, constituye un trato desigual no justificado y puede comprometer tanto la ejecución de las inversiones como la correcta absorción de los fondos europeos en Canarias, prosigue la nota.
Que añade que a la iniciativa del Cabildo ya se han sumado distintas entidades, como la comunidad energética privada de El Goro, que ha manifestado que presentará también una instancia en el mismo sentido, así como la comunidad energética de Gáldar y el propio Ayuntamiento de Gáldar.
Asimismo, se prevé que en los próximos días se adhieran nuevas entidades públicas y privadas, reforzando una posición común en defensa de un tratamiento justo y equitativo de los fondos europeos en Canarias, finaliza el escrito.
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