Valladolid, 9 abr (EFE).
– El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha defendido este jueves que esta administración respeta y cumplirá la ley que articula la acogida de menores extranjeros no acompañados, procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, aunque ha matizado que recurrirá aquellas decisiones que vayan contra los intereses de su comunidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por el plantón al Ministerio de Infancia de las autonomías gobernadas por el PP, Carriedo ha insistido en que el motivo para no participar en esta reunión de ayer fue la inclusión de un punto en el orden del día que no fue previamente acordado con los gobiernos autonómicos.
En este sentido, ha acusado al Ministerio de imponer ese punto contra el criterio de la mayoría de las autonomías.
Sobre el fondo de la cuestión, ante el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las autonomías de la península para aliviar la presión de los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, Carriedo ha sostenido que la posición de la Junta de Castilla y León es la que han «tenido siempre».
En este sentido, ha afirmado que respetan la ley y garantizan su cumplimiento, aunque ha añadido que la Junta recurrirá aquellos puntos que puedan perjudicar a Castilla y León, en referencia a los mecanismos de reparto.
Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, decidieron ayer no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Sí acudieron a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta, el País Vasco, Asturias, Navarra y Cataluña se conectaron por videoconferencia.
Las comunidades del PP ya dieron plantón al Gobierno en una reunión de estas características en julio del año pasado, también bajo el planteamiento de que era una convocatoria ilegal y para mostrar su rechazo a este modelo de acogida.
El real decreto ley que reformó la ley de extranjería para articular un mecanismo de acogida corresponsable entre todas las comunidades fue aprobado hace un año y convalidado después por el Congreso de los Diputados pero el Ejecutivo ya ha aclarado que este seguirá en vigor y que los traslados tienen plena cobertura legal y están avalados por la Fiscalía.
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