Santa Cruz de Tenerife, 10 abr (EFE).
– La ONG ecologista Greenpeace ha valorado la decisión judicial de paralizar cautelarmente parte de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), pero ha reclamado la suspensión total de la actuación por sus “graves impactos ambientales y sociales”.
La organización ecologista ha reaccionado así en un comunicado al auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona, que ha ordenado la paralización de trabajos en un tramo del proyecto al considerar que las actuaciones previstas “difícilmente tendrían encaje” en la Ley de Costas.
Greenpeace ha señalado que la medida judicial, que afecta a una parte limitada del proyecto, es insuficiente y ha insistido en la necesidad de detener por completo la urbanización y restaurar la zona afectada.
En este sentido, el portavoz de Greenpeace en Canarias, Kilian López, ha advertido de que Cuna del Alma es “un triste paradigma” de la relación entre intereses privados y algunas administraciones, que a su juicio supone una amenaza para la biodiversidad y los espacios naturales.
“Pero no es suficiente con evitar instalaciones en la franja de protección: todo el proyecto debería ser descartado y la zona restaurada”, ha afirmado López, quien ha apelado a la movilización ciudadana para revertir el impacto ambiental.
La organización ha recordado que ya incluyó este proyecto en su informe anual sobre los efectos del urbanismo en el litoral, en el que alertaba de iniciativas turísticas que afectan a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca.
Asimismo, ha indicado que la urbanización del Puertito de Adeje figura entre los ejemplos de amenazas para la biodiversidad en espacios de alto valor ecológico, al considerar que responde a un modelo turístico “insostenible”.
El juzgado ha acordado hoy la paralización cautelar de las obras en un área concreta del proyecto, equivalente a una pequeña parte de la parcela total, mientras se practican diligencias para determinar si existe un posible delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
La medida se adopta a petición de la Fiscalía y de colectivos ecologistas, al entender que los usos previstos en la zona afectada podrían vulnerar la normativa de Costas.
Por su parte, colectivos denunciantes como Tagoror Permanente Rotativo, La Gaveta 20A o Rebelión Científica Canarias han señalado que la decisión judicial es “un cambio de escenario radical”, al tratarse de una medida adoptada en el marco de un procedimiento penal, tras apreciar indicios de posible ilegalidad y riesgo de daños irreparables en el territorio.
A su juicio, la intervención abre una fase con posibles consecuencias legales para las actuaciones autorizadas.
Las organizaciones han subrayado que la paralización parcial implica la apertura de diligencias de investigación y nuevas pruebas, y han señalado que continuarán trabajando para que se analice el conjunto del proyecto y se depuren, en su caso, responsabilidades.
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