Santa Cruz de Tenerife, 17 abr (EFE).
– El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha manifestado este viernes que los encargos a la empresa pública estatal Tragsa son una opción «perfectamente legítima» y a ella recurren «prácticamente todas las administraciones por diferentes circunstancias».
De este modo ha respondido Rodríguez en comisión parlamentaria a la denuncia de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), que acusa al ejecutivo canario de «trampear» con encargos a Tragsa la adjudicación de proyectos que han quedado previamente desiertos en licitaciones con precios por debajo de mercado.
A instancias de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, el consejero ha explicado que la ley de contratos en el sector público permite esta posibilidad y que «no es trampear nada».
En el caso de su Consejería, ha detallado que en lo que va de legislatura ha licitado proyectos por un monto de en torno a 600 millones de euros, de los cuales apenas un 0,2% ha sido a través de encargos.
«La gran mayoría» han sido adjudicados a través de licitaciones abiertas al sector privado: en carreteras y vías no ha quedado desierta ni una sola, y los encargos se han producido en el área de vivienda.
En cuanto al resto de consejerías del Gobierno y de otras administraciones canarias, ha indicado que se han hecho encargos a Tragsa sobre todo en proyectos vinculados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que tienen unos plazos e hitos de ejecución y justificación «bastante cortos».
Pablo Rodríguez ha indicado que por norma general «entendemos que el camino es la licitación» porque «la competencia es sana», y que particularmente prefiere que los encargos sean a empresas públicas canarias, pero «muchas veces» la especialización exigida en algunos casos «obliga» acudir a las de ámbito estatal.
Como ejemplo ha citado que se ha encargado parte de la estrategia verde de carreteras al Instituto Tecnológico de Canarias, pero la ejecución de la misma se ha encargado a Tragsa porque cuenta con la especialización en este ámbito.
El consejero de Obras Públicas se ha referido también en comisión parlamentaria a la adquisición por parte del Gobierno de Canarias de una acción de Ineco, empresa pública estatal de ingeniería y consultoría, en este caso a preguntas de la diputada de Vox Paula Jover.
Una operación que ha justificado en que, con ella, Ineco pasa a ser «medio propio» del Gobierno de Canarias y porque «garantiza» que la administración central financie bien con fondos propios o europeos los proyectos ferroviarios en Gran Canaria y Tenerife.
Ha abundado en que la garantía que ofrece Ineco por su especialización en el ámbito ferroviario ha sido un impulso para la firma del protocolo y de los convenios para la financiación estatal de ambos proyectos.
Dicho lo cual, ha subrayado el consejero, Ineco «no quita protagonismo» ni viene a «quitarle trabajo» a la ingeniería canaria.
Es más, está convencido de que esta acción supondrá «una oportunidad» para que los estudios locales de ingeniería adquieran experiencia para desarrollarse en un ámbito que hasta ahora había sido ajeno en las islas.
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