Santa Cruz de Tenerife, 20 abr (EFE).
– El sindicato ANPE Canarias ha solicitado este lunes que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) compute doble a efectos de ratio y amplíe así la medida anunciada por la Consejería para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
La propuesta fue trasladada el pasado viernes durante una reunión de trabajo con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, en la que el sindicato planteó un conjunto de medidas dirigidas a mejorar tanto el sistema educativo como las condiciones laborales del profesorado, según ha detallado el sindicato.
Según ANPE, la Consejería prevé que el alumnado con NEE —es decir, aquel con discapacidad o trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje— compute como dos a partir del próximo curso.
Sin embargo, ANPE plantea extender este criterio a todo el alumnado con NEAE, incluyendo casos de trastornos del aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad, incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades o situaciones personales específicas.
El sindicato argumenta que el incremento de este alumnado en los últimos años ha supuesto una mayor carga de trabajo para el profesorado, que requiere más tiempo de atención individualizada.
A su juicio, esta realidad hace “materialmente imposible” mantener la calidad educativa sin una reducción efectiva del tamaño de los grupos.
Durante el encuentro, ANPE defendió el reconocimiento automático de los sexenios —complemento por formación permanente—, ya que Canarias es la única comunidad autónoma en la que el profesorado debe solicitarlos, así como la implantación de días de libre disposición para los docentes.
También reclamó reforzar el respaldo al profesorado mediante acciones como la elaboración de una guía dirigida a las familias sobre las funciones de cada actor de la comunidad educativa.
Además, el sindicato planteó la revisión del protocolo de intervención ante riesgo suicida en centros educativos, insistiendo en que estas situaciones deben ser atendidas por profesionales sanitarios especializados y no recaer en el profesorado.
Por último, se abordó la necesidad de mejorar la normativa de los Colectivos de Escuelas Rurales (CER).
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