Santa Cruz de Tenerife, 22 abr (EFE).
– Un hombre será juzgado la próxima semana en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife por presuntamente agredir sexualmente a su expareja, en cuyo su domicilio se presentó pese a tener en vigor una orden de alejamiento por una condena previa por maltrato.
La Fiscalía, que pide para el procesado 11 años de cárcel y el pago de 10.
320 euros, le atribuye un delito continuado de quebrantamiento de condena, ya que fueron dos veces las que se personó en la casa de su ex, en la segunda ocasión en actitud violenta y causando destrozos en el mobiliario.
Además, le atribuye los delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género y de daños con el agravante de parentesco.
Según se recoge en el escrito de calificación, el encausado mantuvo una relación estable de pareja con la perjudicada, que finalizó a causa de una agresión que supuso la condena del hombre por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, incluida una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ella durante 16 meses.
Pese a ello, el acusado contactaba de forma regular con la víctima a través de aplicaciones móviles y llamadas telefónicas hasta que en una ocasión se personó en el domicilio de ella, momento en el que tuvieron lugar los hechos que se enjuiciarán en la Audiencia Provincial el próximo 27 de abril.
En concreto, se le atribuye haber accedido a la vivienda de su expareja en la que estaban los hijos menores de ella, y a continuación golpearla y obligarla a mantener relaciones sexuales completas pese a su negativa, para a continuación mostrarse arrepentido y pedirle que volvieran a ser pareja.
A raíz de este asalto, que no fue denunciado, la mujer sufrió diversas heridas en los muslos que tardaron ocho días en curarse y por las que se pide la indemnización de 320 euros.
En otra ocasión, movido por los celos y en un estado de evidente agresividad, el procesado volvió a la casa de la víctima, donde golpeó y rompió dos televisores, revolvió los enseres y bajó los plomos de la luz.
Aunque la víctima no pide indemnización sí decidió presentar una denuncia contra el procesado.
De forma inmediata se le impuso de nuevo la prohibición de acercarse al domicilio de su expareja o a cualquier otro lugar que ella frecuentaba y de comunicarse por cualquier medio.
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