El Ministerio de Justicia anuncia la creación de 8 nuevas plazas de fiscales en Canarias

Madrid, 27 abr (EFE).

– El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE) han alcanzado un acuerdo para la distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscal que se convocarán este año, de las que ocho corresponderán a Canarias.

El grupo de las plazas se asigna, no obstante, a las comunidades más pobladas: así, la plantilla del Ministerio Fiscal en Madrid crecerá un 9,38 %, en Cataluña un 8,01 % y en Andalucía un 7,44 %.

En declaraciones a los medios antes de visitar las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, Bolaños ha detallado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales y la plantilla del Ministerio Fiscal pasará de 2.

804 plazas a 3.

004.

La propuesta -ha indicado- se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas.

Por eso en las comunidades más grandes, como Cataluña, Andalucía o Madrid, la distribución se hará por encima de la media nacional.

Así, la propuesta de distribución por territorios será la siguiente: Andalucía tendrá 38 nuevas plazas, lo que supondrá un incremento del 7,44 % de su plantilla actual; Cataluña tendrá 35, (un 8,01 % más); y Madrid tendrá 32 nuevos fiscales, lo que implica aumentar su plantilla un 9,38 %.

Además, la comunidad que más verá crecer su plantilla porcentualmente es Murcia, con 7 nuevos fiscales y un incremento del 9,72 %.

En la Comunidad Valenciana se crearán 20 plazas fiscales (6,94 %); en Canarias y Castilla-La Mancha, 8 (5,8 % y 8 %, respectivamente); y en Castilla y León y Galicia, 7 (5,07 % y 4,52 %, respectivamente).

Baleares tendrá 5 nuevas plazas (6,85 %); en País Vasco y Extremadura se crearán 4 plazas (4 % y 6,15 %, respectivamente); en Asturias, 3 (5,66 %); y en Cantabria, Navarra, Aragón y La Rioja, una (3,03 %, 4,17 %, 1,49 % y 7,14 %, respectivamente).

El incremento en los órganos centrales como la Fiscalía General, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y los servicios especiales alcanzará los 18 fiscales, lo que supondrá aumentar su plantilla un 9,23 %.

El coste de la creación de estas plazas es de más de 22,5 millones de euros.

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