Santa Cruz de Tenerife, 30 abr (EFE).
– La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Ascav, ha solicitado este jueves al Gobierno de Canarias la modificación del principio de unidad de explotación turística en los complejos de apartamentos y bungalows turísticos, así como la paralización inmediata de las sanciones a propietarios de apartamentos turísticos.
La asociación, en un comunicado, afirma haber tenido conocimiento de que desde 2005 la Comisión Europea ha reclamado al Gobierno de Canarias la supresión de este principio, según el Dictamen motivado de infracción 2002/4861, en el que se insta a restituir los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos.
Ascav señala que esta resolución no fue atendida por el Ejecutivo autonómico y que el modelo de explotación ha continuado aplicándose, en su opinión, en contra de dicho dictamen europeo.
La organización recuerda que interpuso en 2022 una denuncia ante las autoridades europeas por esta situación, al entender que se vulneran los derechos de los propietarios, a los que atribuye más de 200.
000 familias en Canarias.
Según expone Ascav, desde la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y la Ley 2/2013, los propietarios están obligados a ceder sus viviendas a un único explotador turístico, sin poder destinarlas a uso propio temporal, residencia habitual o alquiler a terceros, mientras que los costes de mejora de los complejos se repercuten en los propietarios mediante derramas.
La asociación añade que, en algunos casos, las rentas percibidas serían de alrededor de 300 euros mensuales por apartamento y recuerda que algunos complejos quedaron abandonados por explotadores durante crisis turísticas, sin que se permitiera a los propietarios cambiar el uso de los inmuebles.
Ascav afirma también que se han producido sanciones a propietarios por uso propio o alquiler a terceros en complejos en suelo turístico o mixto, lo que ha obligado a acudir a los tribunales, y denuncia la imposibilidad de destinar estos inmuebles a vivienda vacacional.
La organización cita un anuncio de modificación normativa por parte de la Consejería de Turismo, que atribuye a exigencias de la Unión Europea, y señala que, según la Consejería, no responde a la emergencia habitacional ni a reivindicaciones de afectados.
Reclama explicaciones al Gobierno de Canarias y la adopción de medidas urgentes para restablecer los derechos de los propietarios, así como la paralización de sanciones mientras no se produzcan cambios normativos.
Asimismo, la asociación pide que se reconsideren las modificaciones previstas en la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, atendiendo a las reivindicaciones de asociaciones, federaciones, empresas y autónomos, y advierte del posible perjuicio económico.
Por último, señala que en su última estancia en Bruselas fue instada por la Comisión Europea a elaborar un informe sobre la Ley 6/2025, que será revisado en relación con posibles contravenciones de la normativa de la UE, y solicita al Gobierno de Canarias la paralización de cualquier normativa que, según afirma, pueda afectar a los derechos de los propietarios.
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