Santa Cruz de Tenerife, 30 abr (EFE).
– El Gobierno de España ha trasladado al de Canarias que no planteará un recurso de inconstitucionalidad al complemento a las pensiones no contributivas reflejado en el presupuesto autonómico para 2026, informó el ejecutivo autonómico en un comunicado.
En una primera reunión de carácter técnico, el Estado se ha mostrado interesado en desbloquear la ayuda y, a falta de la concreción en un documento que plasme los acuerdos, y su ratificación legal, ha mostrado su intención de no presentar recurso de inconstitucionalidad, ahonda el Gobierno de Canarias.
El argumento de la administración autonómica es que se ha buscado «la única fórmula para conseguir ayudar a estas familias, sin que el complemento, que procede de nuestros presupuestos, suponga que pierdan su derecho a la PNC por superar el límite máximo de percepciones», señala la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Bienestar Social continúa con la tramitación del primer complemento, de 200 euros, para pagar al final del mes de mayo, de forma separada a la nómina mensual, que es competencia estatal.
El complemento de 400 euros anuales a la PNC se pensó como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a «la lentitud del Estado» en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social, esgrime el ejecutivo autonómico.
Delgado explicó en comisión parlamentaria el pasado noviembre que desde hace dos años el Gobierno de Canarias viene trabajando «con mucha cautela» porque «sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perder la prestación».
Para evitar ese efecto, «impulsamos un debate» en el Congreso de los Diputados para que el Estado «reconociera de forma expresa» la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones no contributivas del sistema nacional.
Esa iniciativa salió adelante y mandató a la Seguridad Social a articular una regulación que impida que una ayuda autonómica descuente o bloquee la pensión.
En paralelo, Canarias ha trasladado al Estado «una propuesta muy concreta»: modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas.
En Canarias, según los datos del Imserso, hay 25.
621 pensiones no contributivas de jubilación y 16.
197 de incapacidad, lo que hace un total de 41.
818 personas que viven con ingresos «muy ajustados» en un territorio insular, «con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios», recalca la consejera.
Canarias es la quinta comunidad autónoma de España en número absoluto de PNC, pese a ser una comunidad de tamaño demográfico medio.
«Nuestra sorpresa fue la carta del Gobierno de España en la que se nos anunciaba la posible inconstitucionalidad de esta medida y su intención de bloquear este complemento para las personas más vulnerables de Canarias», ha indicado Delgado.
Para analizar la situación, el Estado propuso reuniones periódicas, la primera de las cuales se ha caracterizado por la «buena sintonía» entre las partes, destaca el Gobierno de Canarias.
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