Santa Cruz de Tenerife, 6 may (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebró este martes la vista contra un acusado de haber cometido una presunta estafa en 2019 al vender dominios web por un valor total de 25.
500 euros, pese a que su precio real apenas alcanzaba los 11 euros, y de incumplir el compromiso de devolver lo invertido más beneficios.
Durante el juicio, uno de los denunciantes aseguró que el procesado se habría aprovechado de su desconocimiento del sector digital, mientras que el acusado sostuvo que los denunciantes pretendían ganar dinero de forma rápida y que fueron ellos quienes se interesaron en el negocio, pese a haberles advertido de los riesgos.
El encausado y los tres denunciantes, vecinos de La Laguna, se conocían previamente y, según relataron las víctimas, el acusado convenció a uno de ellos para entregarle 4.
000 euros en concepto de inversión, con el compromiso de devolverle 3.
725 euros de beneficio más adelante, además de otras cantidades posteriores que tampoco fueron reintegradas.
La segunda víctima abonó 2.
000 euros con la promesa de obtener 1.
850 euros de beneficio, que nunca recibió, mientras que el tercer denunciante aportó inicialmente 4.
000 euros, que recuperó sin ganancias, y posteriormente firmó un nuevo contrato por 15.
000 euros, con la expectativa de obtener 14.
000 euros de beneficio, compromiso que tampoco se cumplió.
Las víctimas explicaron que el acusado se ganó su confianza al aparentar un alto nivel de vida, con un vehículo de lujo, vestir siempre de forma elegante y portar bolsas de grandes almacenes, además de mostrarse muy simpático y educado.
Uno de los denunciantes afirmó que el acusado les garantizó que duplicarían el dinero en un plazo determinado y que solo podría incumplirlo durante un margen de cuatro días, algo que finalmente no ocurrió.
Otra de las víctimas añadió que, al reclamarle, el procesado comenzó a presionarlos psicológicamente.
El acusado negó haberlos engañado y sostuvo que siempre fueron los denunciantes quienes mostraron interés en el negocio.
Indicó además que las cantidades se entregaron en efectivo, motivo por el cual no existen recibos, aunque reconoció la firma de contratos.
Su abogado recordó que en la vía civil ya ha depositado unos 800 euros como atenuante de reparación del daño, extremo que los denunciantes atribuyen a la presión ejercida y que el acusado calificó de amenazas e incluso de intento de agresión.
Según uno de los denunciantes, el acusado comenzó a darles largas, dejó de responder a las llamadas y evitaba cualquier contacto, pese a residir en la misma urbanización, hasta que finalmente les manifestó que no pensaba devolverles el dinero.
En sus conclusiones finales, la Fiscalía y la acusación particular mantuvieron su petición de tres años de prisión y el pago de 25.
500 euros, mientras que la defensa solicitó la absolución o, subsidiariamente, la aplicación de las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.
La acusación sostuvo que el acusado se apropiaba del dinero nada más recibirlo y lo destinaba a gastos personales, lo que, a su juicio, evidencia ánimo defraudatorio.
EFEnra/acp1012088