Santa Cruz de Tenerife, 12 may (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha advertido este martes de que el Gobierno central quiere reducir en 12,4 millones de euros la cantidad destinada a dependencia en las islas y ha señalado que Canarias no a va aceptar «resignadamente este atropello».
Candelaria Delgado ha recriminado al Gobierno central que sigue «haciendo trampas en la financiación» en este ámbito durante una comparecencia parlamentaria sobre la gestión en dependencia solicitada por el grupo Nacionalista Canario, y en la que ha señalado que el Estado debe ser corresponsable no por cortesía, sino porque así lo estipula la ley.
Pero además este año, ha proseguido la consejera, «pretenden castigarnos por gestionar bien», de manera que en la última reunión de trabajo se informó de la aplicación de un factor de corrección del 10 % en el reparto del denominado nivel acordado, criterio que perjudica especialmente a Canarias.
En concreto, la consejera de Bienestar Social ha denunciado una reducción del 32,3 % respecto a la financiación que le correspondería percibir a Canarias por la evolución de sus datos, lo que la convierte «en la comunidad autónoma más perjudicada de España”.
“Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo.
Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, ha lamentado.
Ante esta situación, Candelaria Delgado ha anunciado que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto que, ha reiterado, «no es aceptable ni justo» ni cumple con el principio más elemental de la lealtad institucional.
«Canarias no va a aceptar resignadamente este atropello ni a callarse ante un reparto que perjudica a las personas dependientes de manera tan impresentable y castigando financieramente a una comunidad que está haciendo bien su trabajo», ha proclamado.
Delgado, que ha contado con el respaldo de los grupos que apoyan al Ejecutivo regional, ha señalado además que el tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días en la actualidad, lo que supone una reducción de 428 días.
Asimismo, la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre del año en 1.
911 personas y el limbo de la dependencia ha descendido un 5,1%, «la mayor bajada registrada en España», ha señalado Delgado.
La consejera de Bienestar Social remarcó que Canarias lidera el crecimiento nacional tanto en personas beneficiarias con prestación, con un incremento del 13 %, como en personas con derecho reconocido, que aumentan un 5,4 %, por encima de la media estatal.
“Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió Delgado, que acusó a la oposición de mantener “una caricatura permanente” de la situación actual pese a la evolución positiva de los indicadores oficiales.
Elena Máñez, del grupo Socialista, ha acusado a la consejera de «no contar todo», pues Canarias lidera el limbo de personas con el derecho reconocido pero sin prestación efectiva, lo que ha calificado como el «fraude» de la dependencia en las islas.
Carmen Hernández, de NC-BC, ha coincidido en que la consejera expone «verdades a medias» y confunde expedientes con personas atendidas, con lo que el sistema carga el peso sobre las familias, y ha reclamado a Delgado «que se ponga las pilas» para resolver la situación.
Por Vox Paula Jover ha reprochado «la crueldad del sistema» que evidencia el dato de que más de 2.
000 personas fallecieron mientras se encontraban en el llamado limbo de la dependencia.
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