Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).
– La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) pedirá de nuevo al Ejecutivo canario que entren en funcionamiento las oficinas de asistencia a las víctimas de violencia machista previstas legalmente en Santa Cruz de Tenerife y el resto de las islas.
Según ha informado este jueves el gabinete de prensa del TSJC en un comunicado, su Sala de Gobierno acordó el pasado viernes apoyar la petición formulada por la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife sobre el «grave incumplimiento» que supone que sigan sin entrar en funcionamiento estas oficinas.
El acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno también dejó constancia de que la «insuficiencia» de infraestructuras judiciales en la capital tinerfeña no puede justificar que no se implanten estas oficinas, al poder ubicarse en otras dependencias.
El órgano de gobierno de los jueces en Canarias respaldó además otras demandas trasladadas por la Comisión Provincial, entre ellas la necesidad de ampliar la dotación de medios personales en el Instituto de Medicina Legal, o reclamar una formación específica del personal interino que se incorpore a las secciones de violencia sobre la mujer.
La decisión de la Sala, según la nota, se adoptó tras tomar conocimiento del acta de la reunión constitutiva de la citada Comisión Provincial, celebrada el 24 de abril en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al frente de la cual se encuentra la presidenta de la Audiencia Provincial, Mónica García de Yzaguirre.
En la reunión se pusieron de manifiesto diversas carencias en los recursos judiciales y asistenciales vinculados a la atención a las víctimas de violencia sobre la mujer.
La Comisión reclamó el despliegue y puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas en Santa Cruz de Tenerife y puso de manifiesto el «incumplimiento» de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y del Convenio de Estambul, ya que estas oficinas cuentan con un marco legal desde el Decreto 89/2019 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (BOCA 10/6/2019) «que preveía su dotación con profesionales de psicología, derecho, trabajo social y apoyo administrativo».
El TSJC recuerda que la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas no responde a una medida discrecional, sino al cumplimiento de un mandato legal.
Estas oficinas están contempladas en el Estatuto de la Víctima del Delito como un servicio público de apoyo, orientación, asistencia y acompañamiento especializado a las víctimas, y su finalidad es garantizar una atención integral desde el primer contacto con la Administración de Justicia, explica la nota.
En el ámbito específico de la violencia machista, su relevancia es aún mayor, al estar llamadas a contar con equipos multidisciplinares capaces de realizar la evaluación individualizada de las necesidades de protección y asistencia de las víctimas, tal y como puso de relieve la Comisión Provincial en su acta, indica la nota.
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