Santa Cruz de Tenerife, 22 may (EFE).
– La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que agilice una resolución administrativa necesaria para garantizar la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas.
Esta resolución es la que regula el procedimiento de justificación y liquidación de las ayudas y es imprescindible para culminar correctamente el proceso administrativo y poder garantizar la justificación de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del transporte, ha informado la Consejería.
«No podemos permitir que dificultades administrativas terminen poniendo en riesgo la estabilidad financiera» de la gratuidad del transporte ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares, ha manifestado en un comunicado la directora general de Transportes y Movilidad canaria, María Fernández.
Ha insistido en que son necesarias «certezas jurídicas y administrativas para poder cerrar correctamente el expediente dentro de los plazos establecidos», puesto que «los cabildos ya están soportando un importante esfuerzo económico para mantener esta medida y no pueden seguir asumiendo indefinidamente una situación de incertidumbre».
La nueva resolución estatal incorpora exigencias adicionales que no estaban contempladas en la resolución de concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025, una circunstancia que genera incertidumbre administrativa una vez iniciado el procedimiento de justificación por parte de los cabildos insulares, explica el Gobierno regional.
El modelo canario de gestión del transporte terrestre, descentralizado en los siete cabildos insulares, obliga a coordinar la recopilación y validación de documentación procedente de múltiples administraciones y operadores de transporte e incrementa la carga administrativa respecto a otros territorios del Estado, alega el Ejecutivo.
Fernández advierte de que la incertidumbre «compromete los plazos establecidos para la justificación de las ayudas, cuyo límite finaliza el 30 de septiembre de 2026, coincidiendo además con otros procedimientos estatales vinculados al transporte público».
Por ello, solicita que la resolución definitiva quede aprobada no más allá del 31 de mayo de 2026, para evitar riesgos sobre la financiación estatal de la medida.
EFEacp