Las Palmas de Gran Canaria, 26 may (EFE).
– El Gobierno ha aprobado destinar 2.
494.
602 euros a Canarias para reforzar la atención en salud bucodental, dentro del plan estatal para ampliar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), según ha autorizado este martes el Consejo de Ministros.
La asignación a Canarias forma parte de un reparto global de 60.
058.
000 euros, dirigido a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), con el objetivo de incrementar la cobertura pública en atención bucodental y avanzar en la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo colectivo beneficiario.
El Ministerio de Sanidad ha explicado en un comunicado que la medida busca consolidar la atención a los colectivos ya priorizados –población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales– y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a las prestaciones entre la población de más edad.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 3.
500 millones de personas en el mundo padecen enfermedades bucodentales, siendo una de las patologías no transmisibles más prevalentes, con una incidencia especialmente elevada en los grupos socioeconómicos más vulnerables.
En España, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental es una de las líneas estratégicas acordadas en el Consejo Interterritorial del SNS para reforzar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias.
En el último año, este despliegue ha permitido alcanzar una cobertura del 30,4 % en la población infantojuvenil, lo que supone un aumento de 5,2 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, y del 25 % entre las mujeres embarazadas.
Además, tras el inicio en 2025 de la incorporación de los mayores de 65 años, este colectivo presenta ya una cobertura inicial cercana al 3 %, que el Gobierno pretende incrementar con la nueva financiación.
El acuerdo establece que el 10 % de los fondos se distribuirá en función del peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90 % restante se destinará a consolidar la atención de los colectivos ya priorizados.
Los recursos deberán ejecutarse hasta 2028, y las comunidades autónomas e INGESA estarán obligadas a remitir información periódica sobre el grado de ejecución, así como sobre los indicadores de cobertura y actividad del programa.
EFEmrgz/cas