Santa Cruz de Tenerife, 1 jun (EFE).
– El sindicato docente STEC-IC ha reclamado una modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, de manera que sea incompatible el ejercicio docente con menores en el caso de que existan antecedentes por delitos graves como violencia de género, odio, vicaria o delitos de sangre.
En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) se refiere a un caso en el que la Consejería de Educación no ha podido apartar a un docente condenado por violencia de género al no existir una orden judicial expresa que lo permita, por lo que considera necesaria la modificación legal para casos similares.
También demanda el sindicato que se adapten las listas de la Consejería de Educación para impedir que perfiles con restricciones u órdenes de alejamiento accedan a plazas vinculadas a entornos con menores.
La coordinación de oficio entre el Registro Central de Antecedentes Penales y la Administración educativa para aplicar medidas cautelares de forma ágil cuando haya una sentencia firme es otra de las propuestas sindicales.
El sindicato afirma que reconoce el derecho a la reinserción social, pero «el interés superior del menor debe actuar como límite justificado cuando existen riesgos demostrados».
«La propuesta no persigue la exclusión absoluta del mercado laboral ni la invalidación de las competencias profesionales de los docentes afectados, sino una acotación de su ámbito operativo», indica el STEC.
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