Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).
– El Gobierno de Canarias exige al Estado participar en los procedimientos de acogida y en los planes de seguimiento, una vez que el Pacto Europeo de Migración y Asilo entre en vigor el próximo 12 de junio, ha informado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC).
«Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas ese pacto, y a fecha de hoy, todavía desconocemos las condiciones específicas de su despliegue en el territorio nacional y su proyección en las distintas comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que sufren un mayor tránsito migratorio como nuestro archipiélago», ha afirmado Delgado.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya expresó el pasado 26 de mayo año al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su preocupación por las consecuencias que pueda acarrear el nuevo reglamento europeo en el archipiélago.
En una carta, Clavijo transmitió a Sánchez que la aplicación inminente del Pacto Europeo de Migración genera «una gran incertidumbre» en el archipiélago, sobre todo porque «los períodos de espera de los migrantes que llegan a Canarias podrían alargarse durante un largo plazo de tiempo, debido a los controles que impone la nueva legislación europea».
Ese cambio normativo, añadía, «generaría un importante tapón, convirtiendo a Canarias en una suerte de prisión para miles de personas y generando una gran presión para los centros de atención y acogida, ya fuertemente tensionados».
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un informe que incorpora las aportaciones que el pasado 13 de abril hicieron los miembros del Foro Canario de la Migración.
El pasado 23 de abril, el Gobierno canario solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se convocase con urgencia la Conferencia Sectorial de Migraciones, pero todavía no se ha convocado, ha dicho la consejera.
«Ante esta situación, el Ejecutivo canario pide a las instituciones competentes, principalmente al Ministerio de Inclusión y al Ministerio de Interior y demás departamentos con dependencias afectadas, información sobre la dotación de recursos que se prevén para cubrir las demandas específicas», ha señalado Delgado.
Asimismo, la consejera ha insistido en la importancia de que no se detraigan recursos de las políticas ordinarias de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo, formación, seguridad, infraestructura o desarrollo económico.
En el informe que Canarias remite al Estado recuerda que el archipiélago es una región ultraperiférica y frontera sur de la UE, que «ha soportado durante los últimos años una elevada presión migratoria que se ha traducido en la llegada de más de 165.
000 personas entre los años 2020 y 2025 en la que hay que sumar la llegada de menores y adolescentes migrantes no acompañados», ha manifestado la consejera.
«La presión sobre el sistema autonómico de protección ha sido muy elevada y lo sigue siendo, mientras que los mecanismos de distribución hacia otras comunidades autónomas y a otros estados miembros sigue siendo insuficiente», ha añadido.
Por ello, Canarias exige participar en los mecanismos de seguimiento y control de las condiciones de acogida y que se cuente con el Gobierno del archipiélago para la toma de decisiones.
«La participación del Gobierno de Canarias no debe entenderse como una cuestión meramente consultiva, sino como una condición necesaria para anticipar impacto, coordinar respuesta y preservar la cohesión social en los territorios afectados», ha insistido Delgado.
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