Las Palmas de Gran Canaria, 3 jun (EFE).
– El Gobierno de Canarias defenderá «con uñas y dientes» el decreto por el que ahora exige doce años de residencia en las islas para optar a una vivienda protegida y niega que sea discriminatorio, frente a las organizaciones sociales que lo han recurrido por considerarlo «ilegal y racista».
Así lo ha subrayado este miércoles el consejero regional de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA contra la norma canaria, aprobada en marzo.
Al respecto, Rodríguez ha manifestado que «el Gobierno de Canarias está convencido de que la vivienda pública tiene que ser para los canarios que desarrollan y tienen su proyecto de vida» en las islas.
Por eso, responde que el criterio de arraigo que prevé ese decreto «no es discriminatorio».
«No estamos pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de una vivienda pública.
Lo que estamos pidiendo es que aunque hayas nacido en el lugar del mundo que hayas nacido, que al menos seas alguien que tiene un proyecto de vida en Canarias», ha alegado.
Según el consejero, este nuevo decreto «prioriza a todos los canarios y canarias, a todos los ciudadanos que viven en Canarias y que llevan demandando una vivienda durante años», de modo que «ahora que se está construyendo vivienda en todas las islas, tengan preferencia con respecto a alguien que pueda llegar mañana».
El consejero ha precisado que, «aún teniendo ese requisito», el decreto «también tiene excepciones en base, precisamente, a situaciones de vulnerabilidad extrema».
De hecho, ha precisado, «las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, otro camino para acceder a una vivienda».
Por ello, el responsable canario de Vivienda ha recalcado que esta norma «no discrimina en base a la vulnerabilidad ni tampoco discrimina en base a la procedencia», sino que «apuesta por que las viviendas públicas sean para los que viven en Canarias, los que tienen un proyecto de vida en Canarias».
Rodríguez ha insistido en que si se ha aprobado «es porque hay una base jurídica para hacerlo», la que figura en el Estatuto de Autonomía, al tiempo que ha recordado que el decreto se aprobó «con informe jurídico favorable del Consejo Consultivo de Canarias».
Preguntado por la existencia de normas europeas que pudieran dejar sin efecto el decreto canario, ha dicho que, a su juicio, «Europa lo que puede llegar a tumbar es una norma que discrimina por el lugar de procedencia o el lugar de nacimiento de una persona», algo que ha dicho compartir.
«No estamos planteando eso.
No tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional.
Evidentemente, ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esa persona; nosotros lo que estamos diciendo es que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí y la gente que vive aquí puede haber nacido en Colombia o Madrid», ha apostillado.
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