Santa Cruz de Tenerife, 10 jun (EFE).
– El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Gobierno autonómico que incluya en los próximos presupuestos de la comunidad una partida de 65.
000 euros destinada a reforzar la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias (FPVCanarias).
La iniciativa promovida por la diputada del PP María Saavedra destaca el papel que desempeña esta organización como principal entidad de referencia del voluntariado organizado en el archipiélago y subraya la necesidad de dotarla de más recursos humanos y materiales para garantizar el desarrollo de su actividad en todas las islas.
Según recoge la propuesta, la FPVCanarias, constituida en 1997, es la única federación de entidades de voluntariado de Canarias y agrupa actualmente a 61 organizaciones sociales, actuando como interlocutora del sector ante las administraciones públicas y otros agentes sociales.
Entre sus funciones figuran la formación, el asesoramiento, la coordinación y la promoción del voluntariado, además de la organización de talleres, encuentros de entidades, jornadas de acreditación de competencias y campañas de sensibilización social.
El PP señala que el crecimiento experimentado por la federación en los últimos años, unido a la dispersión territorial propia del archipiélago, ha puesto de manifiesto limitaciones estructurales que dificultan la atención continuada a las entidades de todas las islas.
La proposición indica que actualmente la organización cuenta con una junta directiva integrada por representantes de entidades sociales que desarrollan su labor de forma voluntaria y con un equipo técnico formado por dos profesionales, una estructura que considera insuficiente para atender las necesidades actuales.
Asimismo, advierte de que la existencia de una única sede en la provincia de Santa Cruz de Tenerife dificulta el acompañamiento a las entidades de la provincia de Las Palmas y genera desequilibrios territoriales.
Por ello, la federación plantea como prioridad la incorporación de una persona responsable de dirección que asuma el liderazgo estratégico y la interlocución institucional, así como personal administrativo que refuerce la gestión de la entidad.
La propuesta también contempla la apertura y consolidación de una sede en la provincia de Las Palmas con el objetivo de mejorar la presencia territorial y reforzar la cohesión del voluntariado en toda Canarias.
En consecuencia, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a consignar una partida específica de 65.
000 euros para financiar la incorporación de personal directivo y administrativo y facilitar la apertura de la nueva sede, con el fin de fortalecer la capacidad de actuación de la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias.
El PSOE ha presentado una enmienda a esta iniciativa porque, según ha comentado la diputada Elena Máñez, la ayuda urge en este presupuesto y el Gobierno tiene «mucho margen» para dar respuesta porque «no es tanto el dinero».
Sin embargo, el PP la ha rechazado porque el Gobierno no ha confirmado que, en caso de que se liberen fondos, se puedan aplicar a reforzar el voluntariado.
Según la diputada del PP María Saavedra «no sería responsable aprobar la enmienda comprometiendo los fondos si no tenemos una respuesta concreta y exacta» por parte del Gobierno, pues, ha dicho, sería mentirle a la plataforma.
En concreto, el PSOE exigía en la enmienda una subvención directa de 65.
000 euros en 2026 a la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias que garantice el funcionamiento, la estructura operativa y la gestión integral de los programas y servicios que desarrolla la entidad y que se siga consignando de forma nominada en futuros presupuestos de la comunidad autónoma.
Para ello, según el PSOE, es preciso llevar a cabo las modificaciones necesarias, tanto del Plan Estratégico de Subvenciones como las modificaciones presupuestarias pertinentes.
A pesar de que ha sido rechazada su enmienda, el PSOE ha votado a favor de esta proposición no de ley, que ha contado con el respaldo de toda la cámara a excepción de Vox, cuya diputada, Paula Jover, ha considerado que una subvención pública directa «podría comprometer el desarrollo de un voluntariado libre y autónomo» y que se corra el riesgo de clientelismo e injerencias.
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