Santa Cruz de Tenerife, 24 jun (EFE).
– La organización ecologista ATAN ha anunciado que va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la paralización cautelar del proyecto de construcción del circuito del motor de Tenerife, una vez que se ha confirmado la caducidad de la declaración de impacto ambiental en segunda instancia judicial.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho, tras conocer ese pronunciamiento en su contra del TSJC, que esperará a que se resuelvan los recursos presentados, entre ellos uno de casación de la corporación insular, antes de evaluar «el escenario».
Para los ecologistas, Rosa Dávila «se afana en defender con uñas y dientes un macroproyecto que acumula cinco sentencias contrarias».
ATAN acusa a la presidenta del Cabildo de dedicar el dinero de todos los tinerfeños «a seguir litigando contra la legalidad ambiental vigente» por su anunciado recurso de casación.
La última sentencia del TSJC, que confirma la caducidad de la declaración de impacto ambiental, «deja al borde del desamparo legal la continuidad» del proyecto del Cabildo de Tenerife, sostiene ATAN.
Los ecologistas van a pedir la paralización cautelar al TSJC, pero también emplazan al Cabildo a «la paralización inmediata e incondicional de cualquier actuación relacionada con el circuito del motor».
Pedirán la restauración del daño ya causado en el terreno de Granadilla de Abona donde se proyectó el circuito y que se devuelva el lugar a su estado anterior.
«Tres sentencias de primera instancia y ahora dos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dejan claro que este proyecto no tiene cobertura legal, no tiene cobertura ambiental y no tiene futuro», aseguran los ecologistas, que consideran que seguir adelante «sería una vulneración flagrante del Estado de derecho», porque «la ilegalidad es demoledora».
Recuerdan que la declaración de impacto ambiental aprobada en 2011 establecía su caducidad si las obras no comenzaban en un plazo de cinco años.
Aunque el Cabildo aprobó un acta de replanteo pocos días antes de que se cumpliera ese plazo para intentar probar el inicio de las obras, los ecologistas celebran que «el tribunal no se ha dejado engañar».
«No es una cuestión técnica ni una discrepancia interpretativa, es un intento deliberado de burlar la legalidad ambiental con documentos que el propio Cabildo ha desmentido con sus actuaciones posteriores», afirma ATAN.
EFEacp