Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).
– El Gobierno canario y los municipios de las islas con territorios en el litoral, 77 de un total de 88, abogan por modificar la Ley de Costas española, que consideran obsoleta, a fin de facilitar la gestión de sus salidas al mar, abocada, muchas veces, a «un callejón sin salida» por la intervención del Estado, según aducen.
El desfase de la norma estatal vigente, «que lleva 40 años en vigor en una tierra que ha cambiado mucho desde los años 80», las dificultades para ejercer las competencias que ha transferido al archipiélago el Gobierno central, que «se ha guardado una carta» para poder paralizar en última instancia proyectos que no ve adecuados, y «el desconocimiento de Madrid» sobre la realidad isleña hacen preciso ese cambio, a su entender.
Por ello, la demanda histórica de renovar la referida ley española ha sido reiterada este jueves al presentar una jornada denominada ’77 municipios costeros, un territorio’ por el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito.
Ya que es preciso que «entiendan desde el Estado que somos mayores de edad, que somos capaces de gestionar nuestro litoral, que no venimos a destruir, que venimos a proteger, pero también a generar espacios de desarrollo para Canarias», ha afirmado Antonio Acosta.
Representante autonómico que ha insistido en que el archipiélago «tiene la necesidad imperiosa de que sus necesidades se recojan dentro de una ley» de ámbito estatal.
Puesto que, aunque la comunidad autónoma trabaja actualmente en redactar su futura ley de costas, de ámbito regional, esta seguirá condicionada por la española, de rango superior, ha expuesto.
El director general ha planteado, además, que la modificación es más acuciante en la medida en que, pese a que las islas recibieron la transferencia de las competencias de Costas en 2023, el Gobierno español se reservó la potestad de establecer el canon a pagar en los casos de concesiones para actividades a emprender en el litoral que generan ingresos, un requisito imprescindible para que salgan adelante dichas concesiones.
Con lo cual -ha explicado Mari Brito, «cuando el Ministerio no ve con buenos ojos que el Gobierno de Canarias interprete, entienda, que esa concesión debe darse, pues no establece un canon, y si no establece un canon no se completa el procedimiento».
Lo que lleva a que, para resolver la situación, «se tiene que constituir una comisión bilateral de interpretación y a ver qué sale de ahí», ha apostillado.
Brito y Acosta han apuntado, con todo, que esa es solo una de las incertidumbres que pesan sobre la gestión del litoral en Canarias, una materia que concierne a la gran mayoría de los ayuntamientos isleños.
Y esa es la razón, según ha recalcado el director general, por la que se ha convocado la jornada ’77 municipios costeros, un territorio’, a celebrar el 30 de junio en sesiones de mañana y tarde en las instalaciones del Instituto Oceanográfico de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
Jornada que Acosta ha querido precisar que se han promovido «en clave de diálogo y debate», con ánimo de «buscar soluciones conjuntas entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias» a los problemas que se encuentran en materia de gestión del litoral.
Hasta el punto de que «hemos montado esta jornada de una manera diferente, es una jornada en la que nosotros, como Dirección General, no hemos establecido un orden del día.
Le hemos dado la vuelta, y son los municipios, con una encuesta que la Fecam ha trasladado a cada uno de ellos, quienes han propuesto los temas a tratar», ha señalado.
EFEcms/pcr