Las Palmas de Gran Canaria, 26 jun (EFE).
– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado a la Consejería regional de Educación de usar la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado para maquillar la privatización de servicios esenciales, contratando un servicio externo de auxiliares.
El sindicato plantea este viernes en un comunicado que, «mientras el consejero Poli Suárez presume de cifras históricas de inversión e inclusión educativa, el Gobierno de Canarias acaba de comprometer cerca de 80 millones de euros para mantener externalizado el servicio de auxiliares educativos hasta 2029».
Algo que supone «la consolidación de un modelo de privatización de servicios esenciales para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)», puesto que «se destinan casi 80 millones de euros a empresas privadas para gestionar un servicio que debería prestarse directamente desde la Administración pública» y, además, de forma deficiente, sostiene.
CSIF argumenta que «los auxiliares educativos son una pieza imprescindible para garantizar la autonomía, la seguridad y la participación del alumnado con discapacidad y otras necesidades educativas especiales», pero que su función queda mermada por esa contratación indirecta.
Un modelo que asegura «ha estado marcado por problemas recurrentes: insuficiente formación específica, precariedad laboral, alta rotación de personal, dificultades para cubrir bajas y sustituciones y una falta de estabilidad que repercute directamente en la calidad de la atención que recibe el alumnado».
El sindicato acusa a la Consejería de estar «apostando por empresas privadas en lugar de crear empleo público estable y profesionalizado», y además, con un coste, según afirma, superior.
Porque -aduce- «la realidad es que cuando un servicio se externaliza, una parte importante de los recursos públicos termina financiando estructuras empresariales y beneficios privados, en lugar de destinarse íntegramente a mejorar la atención educativa».
Como conclusión, CSIF sentencia: «la inclusión no puede ser un negocio.
Los derechos del alumnado NEAE no pueden depender de contratos privados».
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