Santa Cruz de Tenerife, 6 jul (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este lunes la vista en la que nueve personas estaban acusadas de un delito contra la salud pública, que fue admitido por los procesados, de manera que todos fueron condenados a un año y medio de prisión, salvo uno, al que se le impusieron dos años, frente a los cuatro y cuatro años y medio que pedía inicialmente la Fiscalía.
La reducción implica que ninguno de ellos entrará en prisión, siempre y cuando no delincan en el plazo de tres años en el caso de ocho condenados y de cuatro en el del noveno.
El Ministerio Público aceptó rebajar la petición de penas al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas, lo que también implicó reducir la multa de cinco millones a dos millones de euros para cada condenado.
La detención tuvo lugar el 13 de julio de 2018, cuando la Guardia Civil localizó una lancha con 1,4 toneladas de hachís repartidas en 53 fardos a once millas de la costa de Icod de los Vinos, con una pureza de entre el 22 % y el 40 % y un valor en el mercado negro de dos millones de euros si se hubiese vendido por kilos.
El Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias inició una investigación sobre la introducción por vía marítima de sustancias estupefacientes en la costa tinerfeña y las primeras sospechas se dirigieron específicamente contra uno de los acusados, que presuntamente era el encargado de comprar la droga en Marruecos.
Dentro del grupo se había fijado un reparto de tareas, de manera que algunos se ocupaban de adquirir la droga y llevarla a las costas de Canarias en una embarcación, pasarla a otra con matrícula española, mientras los demás gestionaban el desembarco y distribuían el hachís.
La noche anterior, cuatro personas iban a trasladar la carga en un vehículo, pero debido a una avería en la embarcación se tuvo que posponer el desembarco unas 24 horas.
La detención se llevó a cabo mientras dos de ellos estaban en la lancha y otro vigilaba en tierra, hasta que huyó al percatarse de la presencia de agentes de la Guardia Civil.
Uno de los miembros de la banda fue identificado cuando intentaba acceder al muelle y otros tres cuando estaban dentro de un vehículo, momento en el que se les intervinieron móviles, llaves y documentación.
También se hallaron anotaciones manuscritas con cifras que podrían corresponder a coordenadas geográficas y números de teléfono, recibos de transferencias, un contrato de alquiler de vivienda y dinero en efectivo.
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