Santa Cruz De Tenerife, 9 jul (EFE).
– Una agente inmobiliaria ha aceptado una pena de 7 años de cárcel, el pago de una multa de 3.
300 euros y devolver 574.
500 euros a 31 personas que fueron víctimas de una estafa agravada continuada en la compra o alquilar de casas, solares y locales comerciales, y que fue detenida en 2022.
La mujer, que desde entonces está en prisión, constituyó junto con su pareja una empresa con un capital social de 3.
100 euros, luego convertida en sociedad limitada, cuyo objeto era la compra, arrendamiento y venta de inmuebles, solares y locales comerciales.
La encausada llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que asume su culpabilidad y admite que desde estas entidades y que aprovechándose de la confianza que los estafados depositaron en ella, realizó una treintena de operaciones fraudulentas cuya cuantía iba de los 1.
000 euros a 85.
500.
En un caso se hizo pasar por dueña de un piso cuyos compradores adelantaron hasta 15.
500 euros, a la vez que dejaron el que tenían alquilados al dar por segura la operación, pero el auténtico dueño no sabía nada y al conocer que la agente había sido detenida finalizó el contrato con ella.
En este caso los trasladó a una vivienda vacacional que según dijo eran de ella y que por lo tanto corría con los gastos de alquiler y mudanza, pero cuando llegaba el momento de la firma ante notario daba excusas y se llegó a inventar un incendio en la casa.
Al exigirle los compradores la devolución del dinero, para aparentar que cumplía sus compromisos les mandó una captura de pantalla de una transferencia de 6.
000 euros de un banco europeo que nunca se concretó y el resto fue reintegrado mediante bizum y transferencias inmediatas.
Utilizando la misma plataforma de una red social, la acusada convenció a un hombre para que adelantara 14.
900 euros que se correspondía al 10%, pese a que no contaba con la autorización del propietario.
Una operación similar fue realizada, alcanzando en aquel entonces la cifra de 14.
200 euros, a la que siguieron varias más en las que la procesada imitaba firmas de los propietarios reales, incluyendo también venta de solares y locales comerciales.
La estafa de mayor cuantía ascendió a 85.
500 euros cuando el hijo del propietario fallecido le pidió a la acusada que buscara un inquilino para una vivienda a la que había adelantado el dinero de compra para luego no saber más de ella, aunque consiguió que le devolviera 9.
500 euros.
Esta misma propiedad se la vendió también a una residente en el extranjero quien realizó diversas transferencias hasta sumar los 85.
500 euros que ahora reclama.
EFEnra/asd1012088