Las Palmas de Gran Canaria, 9 jul (EFE).
– Las titulares de los Juzgados de Menores de Las Palmas de Gran Canaria han elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una petición para que haya presencia permanente de agentes de la Policía Canaria especializados en menores en dependencias judiciales.
En un escrito que han llevado ante el decano en funciones de los jueces del partido judicial de la capital grancanaria, Juan Avello –a la postre elegido ahora presidente del TSJC–, y que este trasladó hasta el alto tribunal para su valoración, las dos titulares de los juzgados de Menores reclaman que para garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia, se requieren agentes.
Ello, han explicado en el documento al que ha tenido acceso EFE, no se debe a una «mera opción organizativa», sino que se trata de una «exigencia funcional imperativa para dar cumplimiento a las garantías procesales y de protección» que establece la ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores.
Las juezas Reyes Martel, titular de la plaza 1 de la sección de Menores del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, y Mercedes Martínez, titular de la plaza 2, han advertido que, debido a lo específico del ordenamiento jurídico en materia de justicia juvenil, es exigible que las instituciones implicadas «cuenten con personal con formación diferenciada».
Y es que, según la ley orgánica, no solo los jueces y fiscales deben ser especialistas en la materia, sino que también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen como Policía Judicial en este ámbito deberían contar con unidades adscritas que cuenten con esa formación específica en psicología evolutiva y derechos de la infancia.
Martel y Martínez también han explicado que las medidas cautelares o definitivas que toman en su ejercicio «suelen desencadenar situaciones críticas de alteración conductual en el menor» y que, para garantizar un «auxilio judicial inmediato», es necesario contar con esos agentes de la Policía Canaria especializados en sus sedes.
Ello velará por el superior interés del menor y por el orden en la sede judicial.
En el escrito, las dos juezas señalan que ante mandamientos judiciales de detención o comparecencia por rebeldía o por quebrantamiento de medidas, la intervención policial «es rigurosa», lo que ocurre igualmente en las medidas judiciales cautelares urgentes privativas de libertad que toman a diario, así como en la celebración de comparecencias y juicios.
Es por todo ello que, en base a lo que estipula la ley orgánica, el grupo de menores de la Policía Canaria «asegura el cumplimiento perentorio de estos autos y la validez legal de las actuaciones en los plazos perentorios que exige» la normativa.
Ello, continúa el escrito, no hace sino evitar «cualquier defecto de forma que pueda causar indefensión, asegurando el orden y seguridad en esos momentos críticos en los que los menores y sus familiares no gestionan de forma adecuada la decisión judicial».
Las juezas han recordado que ahora existen agentes del cuerpo autonómico de seguridad velando por la seguridad de los edificios judiciales, pero que no existen específicos del grupo de menores, con esa formación que se requiere ante este tipo de situaciones.
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