Santa Cruz De Tenerife, 14 jul (EFE).
– Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) propondrá en el pleno del Parlamento autonómico de la próxima semana suspender la apertura de expedientes sancionadores a propietarios de viviendas situadas en zonas turísticas hasta que los ayuntamientos adapten su planeamiento urbanístico.
Esa medida forma parte de un paquete de cuatro enmiendas con las que también pretende reconocer el uso residencial consolidado y dar mayor seguridad jurídica a estos inmuebles.
La diputada Esther González ha explicado este martes en una nota que las enmiendas pretenden dar una «salida legal y ordenada» a la situación de miles de familias que residen en apartamentos, bungalós, chalés o villas situadas en zonas turísticas.
Según NC-BC, las modificaciones buscan aclarar los conceptos de establecimiento turístico y unidad alojativa para aportar mayor seguridad jurídica y evitar que situaciones diferentes reciban el mismo tratamiento legal.
La formación también propone eliminar la disposición transitoria sexta de la Ley de Viviendas Vacacionales al considerar que perjudica a propietarios de apartamentos en complejos turísticos porque no contempla la realidad de quienes llevan años utilizando legalmente esos inmuebles con fines residenciales.
Otra de las enmiendas plantea conceder un plazo de tres años a los ayuntamientos para adaptar su planeamiento urbanístico y determinar qué parcelas deben destinarse a uso turístico, residencial o mixto.
Durante ese periodo transitorio, NC-BC propone suspender la apertura de nuevos expedientes sancionadores contra propietarios por no destinar sus inmuebles al uso turístico, con el fin de evitar que sean sancionados mientras no exista una solución urbanística definitiva.
Asimismo, la formación plantea derogar el decreto ley 2/2025 sobre el deber de atenerse al uso turístico, al considerar que ha generado «más inseguridad, más conflictos y más presión sobre los propietarios» sin resolver el problema de fondo.
González ha apelado a los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias para que respalden estas enmiendas y ha defendido que «no se puede legislar desde un despacho ignorando cómo viven y usan sus propiedades muchas familias canarias».
La diputada ha sostenido que corresponde a los ayuntamientos ordenar esta realidad «con rigor y no mediante imposiciones generales» y ha defendido una regulación que proteja el interés general «sin dar la espalda a la realidad de las islas».
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