Santa Cruz de La Palma, 15 jul (EFE).
– La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Cabildo insular y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) por las obras ejecutadas en el entorno de la Quinta Verde, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y ha solicitado la paralización cautelar de los trabajos.
Según ha informado este miércoles la organización ecologista en un comunicado, la denuncia se centra en la apertura de una pista de tierra de «gran anchura», que, asegura, ha provocado movimientos de tierra, desmontes y afecciones a bancales tradicionales y vegetación asociada al conjunto histórico.
El colectivo sostiene que, de acuerdo con la documentación técnica inicialmente licitada, ese vial no figuraba en el proyecto original promovido por el Ayuntamiento.
Además han recordado que el concejal de Proyectos Estratégicos del consistorio, Juan José Cabrera Guelmes, manifestó en una sesión plenaria que la empresa adjudicataria habría ejecutado la pista sin la preceptiva fiscalización municipal, hecho que también recoge la denuncia presentada.
Ben Magec señala que cualquier actuación en un Bien de Interés Cultural o en su entorno de protección requiere las autorizaciones e informes previos de los órganos competentes y subraya que la protección de la Quinta Verde alcanza no solo al inmueble principal, sino también a su paisaje histórico, bancales, elementos etnográficos, vegetación y entorno.
En su escrito, la organización solicita a las administraciones competentes la paralización inmediata de las obras, la apertura de una investigación para comprobar si la actuación cuenta con proyecto aprobado y las autorizaciones patrimoniales necesarias, así como el requerimiento de toda la documentación relativa a la ejecución de los trabajos.
Además, reclama que se depuren las responsabilidades administrativas o contractuales que pudieran derivarse de los hechos y que, si durante la investigación se aprecian indicios de posibles delitos contra el patrimonio histórico o el medio ambiente, se dé traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.
La federación también pide que, si se confirma la ilegalidad de las actuaciones, se ordene la restauración de la realidad física alterada y la reparación de los daños ocasionados.
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