Santa Cruz de Tenerife, 21 jul (EFE).
– La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado un documento para facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en los procedimientos de compra y contratación de las administraciones públicas del archipiélago, una actividad que representa entre el 15 % y el 20 % del producto interior bruto (PIB) regional.
El documento, denominado ‘Orientaciones para la contratación pública circular en Canarias’, ha sido elaborado a través de la Dirección General de Calidad Ambiental en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y Gesplan, según ha informado este miércoles el Gobierno en un comunicado.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H.
Zapata, ha defendido este miércoles en un comunicado que «la contratación pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental».
Zapata ha señalado que cada contrato de las administraciones representa una oportunidad para reducir el consumo de materias primas, prevenir la generación de residuos, fomentar la innovación y apoyar un modelo económico más sostenible.
La iniciativa forma parte de la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y del Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 y pretende establecer un marco común que facilite a las administraciones la adopción de decisiones de compra más sostenibles.
Las orientaciones plantean tener en cuenta el ciclo de vida de los productos y servicios y utilizar criterios objetivos y verificables, con requisitos adaptados a las características de cada contrato y respetando los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad.
El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, ha señalado que el objetivo no es incorporar requisitos ambientales de forma indiscriminada, sino seleccionar criterios relacionados con el objeto de cada contrato, proporcionados a sus características y cuyo cumplimiento pueda comprobarse durante su ejecución.
El documento incluye ejemplos prácticos para cuatro ámbitos: la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos, la compra de mobiliario y la ejecución de obras.
Entre las medidas propuestas figuran favorecer la durabilidad y la posibilidad de reparación de los productos, reutilizar materiales, reducir la generación de residuos y hacer un uso más eficiente de los recursos.
El documento iniciará durante el segundo semestre de 2026 una segunda fase mediante un proceso participativo con administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes implicados para validar las orientaciones y facilitar su implantación progresiva.
El proceso tendrá continuidad en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029, que prevé incorporar acciones de formación y herramientas de apoyo dirigidas a las administraciones públicas.
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