La Laguna (Tenerife), 28 jul (EFE).
– El catedrático de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohammed V de Rabat Mohamed Joudat ha defendido este martes que la protección del patrimonio cultural debe entenderse como una herramienta para prevenir el extremismo, favorecer el diálogo entre comunidades y contribuir a la construcción de la paz.
Así se ha expresado Joudat durante una conferencia en la Casa Anchieta de La Laguna en la que ha trasladado a los asistentes del Campus Internacional Ciudad de La Laguna que el patrimonio ha dejado de concebirse únicamente como un conjunto de monumentos, obras de arte o yacimientos arqueológicos que deben conservarse y ha pasado a ocupar un lugar central en los ámbitos de la seguridad internacional y los derechos humanos.
El también presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio, con sede en Casablanca, ha sostenido que la relación de las personas con sus lugares históricos, rituales, canciones y tradiciones contribuye a construir identidades abiertas a la diversidad y puede actuar como un elemento educativo frente a la intolerancia y la radicalización.
A su juicio, quienes reciben una formación cultural profunda y aprenden a reconocer las creencias y expresiones de otras comunidades cuentan con más herramientas para respetar la diferencia y rechazar la violencia, de ahí que haya reivindicado la transmisión del patrimonio material e inmaterial como parte de las políticas de prevención del extremismo.
Joudat ha advertido de que la destrucción de bienes culturales durante los conflictos no supone solo la pérdida de edificios, manuscritos u objetos históricos, sino también un ataque contra las narraciones colectivas, los vínculos sociales y la capacidad de una comunidad para reconocerse en su propia historia.
En este sentido, ha citado las destrucciones de los budas de Bamiyán, en Afganistán, del conjunto arqueológico de Palmira, en Siria, y del patrimonio histórico de Mosul y Tombuctú como ejemplos de ataques dirigidos a eliminar símbolos capaces de expresar la pluralidad histórica, religiosa y cultural de los pueblos.
Si quienes realizaron aquellos ataques hubiesen recibido una buena educación cultural respecto a lo que significaban esos lugares y objetos, quizá no habrían perpetrado esos atentados culturales, ha elucubrado Joudat.
Este tipo de actuaciones, ha agregado el profesor, busca imponer una nueva interpretación del pasado mediante la desaparición de las huellas que sostienen memorias diferentes y puede considerarse una forma de “limpieza cultural”, ha opinado, al acompañar y reforzar otras violencias ejercidas directamente contra las personas.
Joudat también ha alertado del papel del tráfico ilícito de bienes culturales, que ha dejado de ser un fenómeno limitado al mercado ilegal del arte para integrarse en redes criminales transnacionales que aprovechan los conflictos y la debilidad institucional para extraer, transportar y vender piezas procedentes de territorios desestabilizados.
Según ha expuesto, este comercio puede financiar organizaciones criminales y grupos armados, lo que explica que la protección del patrimonio se haya incorporado a las estrategias internacionales contra el crimen organizado y la financiación de la violencia.
Ha recordado al respecto que la resolución 2347 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció en 2017 que la destrucción deliberada del patrimonio y su tráfico ilícito pueden agravar los conflictos, favorecer la acción de organizaciones terroristas y comprometer la paz y la seguridad internacionales.
El profesor ha subrayado además que la protección patrimonial debe abarcar las prácticas culturales, los saberes tradicionales, las expresiones orales, las celebraciones y los rituales, pues el patrimonio mantiene su significado cuando continúa siendo vivido y transmitido por las comunidades, y no cuando queda reducido a un objeto aislado.
Por ello, ha reclamado que las propias comunidades participen en su conservación, interpretación y digitalización, junto a las administraciones, universidades, instituciones culturales, fuerzas de seguridad y organismos internacionales.
Joudat ha defendido que ningún Estado puede combatir por sí solo unas amenazas de carácter transnacional y ha apelado a reforzar la cooperación para inventariar los bienes culturales, vigilar museos y yacimientos, controlar el mercado de antigüedades y facilitar la localización y restitución de piezas expoliadas.
La protección del patrimonio, ha concluido, debe incorporarse a las políticas de prevención de conflictos porque preservar la memoria y los derechos culturales de las comunidades ayuda a construir sociedades más inclusivas, resistentes a la violencia y respetuosas con la dignidad humana.
EFEcmg/asd