Santa Cruz de Tenerife, 3 sep (EFE).
– La Audiencia de Cuentas de Canarias considera que, aunque las dos universidades públicas del archipiélago disponen de canales internos de denuncia, no han completado la implantación de los sistemas de información exigidos por la ley para prevenir y detectar posibles infracciones y casos de corrupción.
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, lo ha expuesto así este jueves en el Parlamento canario, al presentar en comisión el informe sobre los sistemas internos de información de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), elaborado con datos de septiembre y octubre de 2024.
Pacheco ha resumido las conclusiones como una “brecha entre la existencia de canales y la implantación completa de los sistemas exigidos por la ley”, y ha advertido de que prevenir la corrupción requiere responsables, procedimientos, garantías de confidencialidad, protección de los informantes, formación y una adecuada difusión.
Sobre esas cuestiones, en la ULL, ha dicho, el canal está integrado en el plan de medidas antifraude vinculado a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que, según la Audiencia, limita su ámbito frente a la Ley 2/2023, que abarca también otras infracciones graves y muy graves del ordenamiento.
En el caso de la ULPGC, Pacheco ha indicado que, en el momento analizado, no constaban la aprobación formal del sistema, procedimientos internos suficientemente desarrollados ni la designación de la unidad responsable.
Además, ninguna de las dos universidades había establecido un sistema específico de protección de los informantes ni consultado su implantación con los representantes de los trabajadores, y aunque ambas permitían en teoría las comunicaciones anónimas, no disponían del formato necesario para garantizar ese anonimato.
La Audiencia detectó también una difusión insuficiente y dificultades para localizar los canales desde las páginas web principales.
De los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Manuel Hernández ha considerado que el informe debe analizarse “con el debido equilibrio”, pues las universidades cuentan ya con canales internos aunque tengan que completar su desarrollo, y ha respaldado las recomendaciones para hacerlos más visibles, reforzar la protección del informante y mejorar los procedimientos.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, ha confiado en que las deficiencias hayan sido subsanadas desde la elaboración del informe y ha separado esta obligación legal del debate sobre la financiación universitaria al considerar que son cuestiones diferentes.
David Morales (PP) ha calificado de relevantes las carencias detectadas, especialmente las referidas a los responsables de los sistemas, y ha advertido de que disponer de un canal resulta insuficiente si no se dota de los recursos humanos y técnicos necesarios para gestionarlo.
Esther González (NC-BC) ha compartido la necesidad de corregir las deficiencias, pero ha vinculado la capacidad de las universidades para asumir nuevas obligaciones a una financiación adecuada y ha recordado las discrepancias de ambas instituciones con el Gobierno canario sobre el futuro plan de financiación plurianual.
Javier Nieto (Vox) ha cuestionado directamente la eficacia de unos canales que, a su juicio, “no están funcionando”, y ha atribuido parte del problema a la falta de garantías de anonimato y a la escasa utilización que han tenido hasta ahora.
Jesús Ramos (ASG) ha destacado que las dos universidades parten al menos de una estructura ya creada y ha considerado razonables las recomendaciones de la Audiencia para concretar responsabilidades, mejorar la accesibilidad y definir mejor la protección de las personas informantes.
Por último, Raúl Acosta (AHI) ha incidido en que disponer de un canal de denuncias no equivale a tener correctamente implantado todo el sistema y ha subrayado que estos mecanismos solo pueden funcionar si generan confianza en su independencia, confidencialidad y capacidad para proteger a quienes los utilizan.
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