Madrid, 15 sep (EFE).
– Los servicios públicos de empleo de Madrid, Canarias y Andalucía son los que sufren la mayor carga de trabajo en la atención a personas en situación de desempleo, debido tanto a las vacantes sin cubrir como a una falta crónica de personal, de acuerdo con un informe de UGT en colaboración con la Universidad Carlos III.
El estudio presentado este martes, titulado ‘Retos de las políticas de empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea’, constata que la carga de trabajo varía notablemente por territorio, aunque todos arrastran carencias estructurales que la Ley de Empleo solo podrá corregir a medio y largo plazo.
Cada empleado público del servicio de empleo atiende a 316 desempleados en Madrid, 307 en Canarias y 240 en Andalucía, frente a 76 en el País Vasco, 102 en Galicia y 103 en Castilla y León.
El documento advierte de que la sobrecarga afecta precisamente a las comunidades con mayor tasa de paro, con excepción de Madrid que mantiene sin cubrir el 52 % de las plazas de su servicio público de empleo según sus propios datos de relación de puestos de trabajo, lo que el sindicato achaca a una falta de planificación.
En el sentido contrario, está Extremadura que, pese a tener la segunda mayor tasa de paro del país (por encima del 15 %), ha dotado de suficiente personal a su servicio de empleo ya que cada trabajador atiende a 127 parados, una proporción similar a la de Navarra (132), la comunidad con menor desempleo (7,5 %).
En conjunto, el informe estima en 26.
707 los empleados públicos dedicados a los servicios de empleo en España, el 44 % adscritos al servicio público de empleo estatal (SEPE) y el 56 % a los servicios de empleo autonómicos.
Respecto a la Ley 3/2023 de Empleo, el informe señala que ha dotado a España de un modelo más sistemático de políticas activas, pero que sus efectos estructurales solo se notarán a medio y largo plazo.
Para reducir las elevadas cifras de paro en España, el estudio sugiere políticas activas de empleo enfocadas a los colectivos más afectados (jóvenes, mujeres y parados de larga duración), especialmente en comunidades con más desempleo.
En este sentido, UGT exige que se refuercen los servicios públicos de empleo, incluido el SEPE, porque se encuentran «excesivamente tensionados» al no contar con el personal necesario para atender el elevado volumen de personas desempleadas.
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