Las Palmas De Gran Canaria, 16 sep (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha mostrado su apoyo al Consejo Canario de Colegio de Abogados en su petición al Estado de más financiación para pagar el trabajo de los profesionales de la abogacía tras la aplicación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (PEMA) el pasado mes de junio.
En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha informado de que su titular, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, se han reunido este miércoles con miembros del Consejo Canario de Colegios de Abogados para abordar los problemas que genera en el turno especial de extranjería y asilo la aplicación con motivo del PEMA.
Entre ellos, que los profesionales de la abogacía efectúan un trabajo extra que no se está abonando, precisa la nota.
En ella se indica que al tratarse de una competencia del Gobierno de España, tanto la Consejería de Presidencia como el Colegio de Abogados de Tenerife se han dirigido al Ministerio de Justicia en este sentido, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
«Hemos manifestado nuestro total apoyo al Consejo Canario de Colegios de Abogados en una reivindicación que consideramos justa», recalca el comunicado.
Así mismo, remarca que «la competencia en esta materia es del Ministerio de Justicia, que es quien debe asumir el coste de la asistencia en los trámites de asilo que están realizando los profesionales de la abogacía desde que entró en vigor el PEMA».
El Gobierno de Canarias se ha ofrecido a colaborar «para que esto se resuelva a la mayor brevedad posible», ha manifestado Nieves Lady Barreto.
Según los representantes de los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, La Palma y Lanzarote, en el nuevo marco del PEMA se incrementa la dedicación de los letrados en cada expediente de asilo.
La Consejería explica en la nota que la tramitación de las solicitudes de asilo es competencia exclusiva estatal -instruida por un órgano central y resuelta por el Ministerio del Interior-, mientras que la revisión judicial de sus recursos recae en la Audiencia Nacional y añade que el Gobierno de España cuenta con los Fondos de Asilo, Migración e Integración que ha transferido la Unión Europea.
EFEcda/pcr