Puerto del Rosario (Fuerteventura), 16 sep (EFE).
– El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo majorero, Claudio Gutiérrez, ha solicitado este miércoles a la corporación insular que se persone con carácter urgente en el procedimiento judicial relacionado con la vivienda de Cueva de la Negra, en Pájara, y que defienda ante los tribunales las medidas cautelares adoptadas por el Cabildo para evitar su demolición.
La iniciativa del Grupo Popular se produce ante la nueva actuación anunciada por la Demarcación de Costas para el próximo 21 de septiembre, que contempla la entrada en la vivienda y su “inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas”, explica en un comunicado.
El PP señala que es necesario que la protección cautelar alcance también cualquier actuación material que pueda afectar al inmueble, como el precinto, tapiado, cierre, desalojo o cualquier otra intervención que pueda impedir su estudio y valoración.
“El Cabildo juega un papel fundamental en la protección del entorno y el patrimonio y, tras pedir medidas cautelares hace un mes, ahora debe asegurarse de que Costas cumpla y no realice ninguna acción contra la vivienda hasta tanto en cuanto no se defina el valor patrimonial, etnográfico o histórico para Fuerteventura”, ha señalado Gutiérrez.
El portavoz popular recuerda que el Cabildo, a través de su Área de Patrimonio Cultural, acordó el 25 de agosto medidas cautelares urgentes para suspender la demolición, ante el riesgo de que pudiera producirse un daño irreversible sobre un inmueble de notable antigüedad y vinculado, según los antecedentes históricos y testimonios aportados, al antiguo asentamiento costero de Cueva de la Negra y a las formas tradicionales de vida relacionadas con la pesca, el marisqueo y el aprovechamiento del litoral.
La actuación del Cabildo se fundamentó en el artículo 59 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que permite a los cabildos adoptar, en situaciones de urgencia, las medidas cautelares necesarias para garantizar la protección y conservación de los bienes del patrimonio cultural.
La propia norma contempla que estas medidas puedan incluir la suspensión de obras, actividades o cualquier actuación necesaria para reducir o evitar los riesgos sobre el bien.
Para el Grupo Popular, la cuestión trasciende el conflicto concreto sobre el futuro de una edificación.
El PP ha reclamado que la personación permita poner a disposición del órgano judicial los informes técnicos, antecedentes históricos, documentación patrimonial y demás elementos que sirvieron de fundamento para la adopción de las medidas cautelares de las que se necesitan ampliación.
“El PIOF, el catálogo patrimonial, actas del Ayuntamiento de Pájara, indican que ahí ya existía un asentamiento inventariado en el Cabildo en 2007 y que hay indicios de que exista un yacimiento y el derribo es una situación irreversible”, ha asegurado el portavoz.
La propuesta de Claudio Gutiérrez plantea además que el Cabildo impulse de forma paralela un estudio histórico, arquitectónico, etnográfico y arqueológico de la vivienda y su entorno, incluyendo su relación con el antiguo asentamiento de Cueva de la Negra.
Asimismo, solicita que se valore la posible protección del conjunto histórico, etnográfico y paisajístico del antiguo asentamiento, y no únicamente del inmueble actualmente afectado por el procedimiento de demolición.
El PP recuerda además que se está tramitando en el Congreso una iniciativa legislativa para modificar la ley de costas que prevé evitar el derribo de las construcciones que han pasado a formar parte del dominio público marítimo-terrestre como consecuencia de la reducción del litoral costero.
La propuesta normativa se centra en preservar barrios enteros y construcciones aisladas que puedan tener valor cultural previa solicitud del ayuntamiento competente y después de que la comunidad autónoma emita un informe favorable justificando el valor cultural de dichas construcciones, señala el PP.
Las construcciones que sean declaradas como un bien de interés cultural por la comunidad autónoma en la que se ubique recibirán una concesión automática por la que podrán seguir en pie de forma legal o ser deslindadas del dominio público, añade.
EFE1011279evs/cms