Las Palmas de Gran Canaria, 17 sep (EFE).
– Canarias ocupó en 2025 la cuarta posición en el desarrollo de su sistema público de Servicios Sociales, con una calificación global media de 6,35 puntos y una mejora de 0,97 puntos respecto al año anterior, según el informe sobre desarrollo de los servicios sociales por comunidades autónomas.
El archipiélago mantiene así la tendencia de crecimiento iniciada en 2012, cuando ocupaba la última posición del escalafón nacional con un desarrollo considerado «irrelevante», y se sitúa ahora solo por detrás de las tres comunidades que tradicionalmente lideran la clasificación, dos de ellas de régimen foral: País Vasco, Castilla y León y Navarra.
El informe destaca avances en las tres dimensiones analizadas: la relevancia económica del sistema, la ordenación normativa y la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, especialmente desde 2022.
En el apartado económico, Canarias alcanzó la máxima puntuación en los indicadores analizados tras incrementar la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos un 17 % el presupuesto destinado a servicios sociales en 2024 respecto al año anterior.
El gasto por habitante pasó de 619,3 euros en 2023 a 724,3 euros en 2024, frente a una media estatal de 575,1 euros.
Un 13,45 % del presupuesto totalAdemás, el porcentaje del presupuesto total de las administraciones públicas Canarias destinado a Servicios Sociales se situó en el 13,45 %, por encima de la media nacional del 10,40 %, mientras que el gasto social sobre el PIB regional alcanzó en 2024 el máximo histórico del 2,79 %, con un incremento de 0,26 puntos respecto al año anterior, frente al 1,75 % estatal.
Según el estudio, «esta circunstancia se debe, sin duda, al protagonismo de los cabildos en materia de Servicios Sociales», ya que las entidades locales asumen el 44,5 % del gasto social en Canarias, frente al 25,8 % de media en España.
En cuanto a la cobertura de prestaciones y servicios, Canarias supera la media estatal en ámbitos como las rentas mínimas de inserción, los centros de día para mayores, las plazas de acogida para víctimas de violencia de género y los recursos residenciales para personas sin hogar.
La media de la renta media en Canarias asciende al 16,9 % frente al 14,5 % de España, mientras que la cobertura de los centros de día es del 3,15 % en el archipiélago frente al 2,19 % de media del conjunto de comunidades y las islas cuentan con 22,9 plazas de acogida para víctimas de violencia de género por cada 100 mujeres con orden de protección, frente al 16,2 % de media estatal.
El informe subraya además que el archipiélago dispone de 245,5 plazas para personas sin hogar por cada 100.
000 habitantes, casi el triple de la media estatal, situada en 86,4.
Carencias en teleasistencia y discapacidadSin embargo, el sistema mantiene carencias relevantes en personal técnico de atención social, plazas residenciales para mayores, teleasistencia y recursos para personas con discapacidad.
Canarias cuenta con un profesional de servicios sociales por cada 2.
261 habitantes, frente a la media estatal de un trabajador por cada 1.
363 personas, mientras que la cobertura de teleasistencia para mayores de 75 años alcanza solo el 5,1 %, lejos del 24 % nacional.
Además, la cobertura de plazas residenciales en relación con las personas mayores de 75 años es de 3,76 % en las islas, mientras que la media estatal es del 5,50 %.
En cuanto a los servicios para personas con discapacidad, indica que la cobertura es del 0,9 % de plazas residenciales, frente al 1,8 % del conjunto de comunidades, y de 2,1 % en plazas diurnas y ocupacionales, frente al 3,2 % de media estatal.
«Ineficiencias» y «solapamientos»El informe también advierte de que existen «desequilibrios» en los Servicios Sociales de Canarias al señalar que «el incremento de la relevancia económica del sistema desde el año 2012, y en el que alcanza la máxima puntuación, no se corresponde con el incremento en su oferta de prestaciones y servicios».
En ese sentido, señala que la evolución «tan positiva en la ordenación del sistema (Ley y Catálogo) todavía no se ve reflejada en una mayor dotación de prestaciones y servicios».
El informe también advierte de «ineficiencias» y «solapamientos» administrativos derivados de la complejidad territorial del archipiélago y reclama un pacto entre el Gobierno canario, los cabildos y los grandes municipios para desarrollar un modelo «vertebrado» de servicios sociales «que va mucho más allá de la mera delegación de competencias».
Entre las asignaturas pendientes figuran la aprobación de un plan estratégico autonómico, la implantación de una historia social única y la constitución de un comité autonómico de ética en servicios sociales.
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