Arrecife (Lanzarote), 18 sep (EFE).
– El Ayuntamiento de Haría, en Lanzarote, ha aprobado el Plan de Comprobación y Control de las Viviendas Vacacionales, un instrumento que permitirá revisar durante los próximos cuatro años la situación de este tipo de alojamientos en el municipio.
La aprobación del plan responde a lo establecido en la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que obliga a los ayuntamientos a contar con un programa específico de comprobación y control de las viviendas vacacionales.
Haría cuenta actualmente con 465 alquileres turísticos y 1.
834 plazas, según ha informado el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.
El plan contempla la elaboración de un inventario municipal a partir de la relación facilitada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, así como distintas fases de comprobación.
En la primera fase se realizará una revisión documental de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias o títulos habilitantes correspondientes, además de posibles indicadores de riesgo, irregularidades o denuncias que puedan justificar actuaciones inspectoras específicas.
La segunda fase prevé una comprobación material de las viviendas para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, funcionales, ambientales, urbanísticas y de seguridad exigidas por la normativa.
En caso de detectarse incumplimientos, el plan contempla actuaciones de requerimiento, subsanación, adecuación o regularización administrativa.
El Ayuntamiento remitirá el documento aprobado al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y al Gobierno de Canarias y, una vez finalizada su vigencia, elaborará una memoria de evaluación de los resultados.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ha señalado que esta aprobación permitirá «contar con una planificación clara para abordar durante los próximos años la realidad de las viviendas vacacionales del municipio».
Villalba ha añadido que una de las prioridades es «garantizar que las viviendas que desarrollan esta actividad lo hagan cumpliendo las condiciones exigidas para que no existan situaciones que puedan poner en riesgo a las personas o a los bienes».
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