Santa Cruz de Tenerife, 18 sep (EFE).
– Podemos Canarias presentó este viernes sus propuestas para facilitar el acceso a la vivienda en el archipiélago, entre las que se encuentran incentivos para la rehabilitación y para movilizar aquellas que se encuentren vacías, garantías públicas ante impagos y una penalización de 10 euros por metro cuadrado para las que permanezcan en desuso más de dos años.
El anuncio fue realizado por la secretaria general del partido en Canarias, Noemí Santana y por el secretario de comunicación, Fernando Ruiz, ante los medios en Santa Cruz de Tenerife.
Santana ha detallado que en las ciudades de más de 100.
000 habitantes de las islas existe un “gran número de viviendas vacías”, y es la capital tinerfeña una de las que más inmuebles con estas características registra de todo el territorio nacional, por lo que han desarrollado un grupo de medidas que actúan en tres sentidos: los incentivos, las garantías y las penalizaciones.
En primer lugar, ha continuado, incentivos a través del sector público dirigidos a la rehabilitación de viviendas que necesiten “reparaciones o hacer ciertas obras” para ponerlas en “condiciones de alquiler” y que puedan entrar en el “régimen de alquiler social”, un modelo que facilita el acceso a la vivienda a aquellas personas “en situación laboral y económica más complicada”.
Por otro lado, crear un “fondo de garantía” desde las administraciones para avalar a las “familias vulnerables” y dar seguridad a los propietarios ante “el miedo a los impagos”.
Y, por último, penalizar con una tasa que equivaldría a “diez euros el metro cuadrado” a las viviendas que estén vacías en las principales ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde, una medida “coercitiva” que se aplicaría a los propietarios que a pesar de existir las anteriores iniciativas de “garantías e incentivos” decidan mantenerlas en desuso.
Por su parte, Ruiz ha señalado que uno de los principales problemas que han detectado es que muchos propietarios no ponen sus viviendas a disposición del mercado porque son “viviendas heredadas y los herederos no se ponen de acuerdo”, por lo que también proponen poner en marcha un “sistema de mediación gratuito” que pueda resolver estos conflictos familiares.
“También hay que tener en cuenta que el gravamen de diez euros el metro cuadrado para las viviendas vacías se cobraría anualmente, pero sí daremos un margen de dos años a los propietarios para que se acojan a todos los incentivos y garantías que proponemos y pongan la vivienda a disposición del mercado y en régimen de alquiler social”, ha detallado el secretario de comunicación.
A lo que se suma, ha continuado, que el dinero que se recaude con esa tasa se utilizaría “para construir” nuevas viviendas que también participarán del régimen de alquiler social, aunque la principal medida que podría tomarse de forma inmediata es movilizar el 17% del parque residencial que “está ahora mismo vacío” solo en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo.
Por último, Ruiz ha recalcado que las garantías ante el posible impago de los inquilinos correrían a cargo de las administraciones públicas, quienes “seguirán pagando el alquiler” y luego se encargarán de “reclamar judicialmente” los impagos de todos los meses no abonados por los inquilinos.
“De esa manera, el pequeño propietario, esa familia que ha heredado una casa, que se ha acogido a la rehabilitación porque era antigua y luego la ha puesto en alquiler social, por lo menos se garantiza a través de las administraciones públicas que va a cobrar el alquiler hasta el último céntimo y, en todo caso, serán estas administraciones quienes reclamen legalmente al inquilino que no paga”, concluyó Ruiz.
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