Las Palmas de Gran Canaria, 23 sep (EFE).
– Drago Gran Canaria ha alertado de los «graves impactos» que se pueden generar sobre el barrio de La Atalaya, en Guía, después de que el Gobierno de Canarias haya concedido una nueva autorización administrativa al proyecto de una planta de biogás.
Como ha explicado la formación en un comunicado, se trata de una planta que funciona con estiércol, entre otros residuos, proyectada a 500 metros del núcleo poblacional, lo que valora como un «grave error» que puede generar malos olores, un incremento del tráfico pesado o emisiones contaminantes, ruido y posibles problemas derivados de la proliferación de moscas y roedores.
Estos efectos, señala la nota, estarían relacionados con el tratamiento de grandes cantidades de residuos orgánicos y, especialmente, de estiércol de vaca procedente de explotaciones ganaderas de distintos puntos de la isla, que a juicio de la formación tendría consecuencias en la zona, que cuenta con viviendas, centros educativos, un polideportivo y residencias para personas mayores, generando «un impacto notable sobre el barrio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas».
Desde Drago Gran Canaria han denunciado que, pese a estas circunstancias y al rechazo vecinal, el Gobierno de Canarias ha dado «un nuevo paso para impulsar el proyecto después de que la Dirección General de Energía haya concedido autorización administrativa a la instalación energética asociada».
La resolución, dictada el pasado 1 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de Canarias, autoriza una instalación de generación híbrida de cogeneración y eólica con una potencia de 499 kW.
El portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera, ha confesado que «no entiende» que «después del rechazo de la licencia municipal y de la oposición que ha generado este proyecto entre los vecinos y vecinas», distintas administraciones «sigan dando pasos que mantienen abierta la puerta a la instalación».
De la Barrera ha señalado que “nadie está cuestionando la necesidad de avanzar hacia una economía circular ni de buscar alternativas para gestionar los residuos agrícolas y ganaderos», pero sí que esté planteada «prácticamente pegada a un núcleo de población”.
Por su parte, el portavoz de Drago Canarias en Guía ha criticado que «decir que una instalación es verde o que forma parte de la economía circular no basta» porque, ha explicado la formación, “también hay que preguntarse dónde se instala, qué población tiene alrededor y qué impactos puede generar sobre quienes viven allí, porque la transición ecológica debería mejorar la vida de la gente, no trasladar determinadas molestias a barrios concretos”.
Para Vega, “una evaluación ambiental favorable no puede convertirse en un cheque en blanco para ignorar las preocupaciones de la población” por lo que ha pedido que las administraciones “escuchen a los vecinos y vecinas» y «estudien seriamente las alternativas» antes de seguir avanzando con un proyecto «cuya ubicación es precisamente el origen del conflicto”.
Desde Drago Gran Canaria se exige al Gobierno de Canarias que «dé explicaciones sobre su posición ante este nuevo avance administrativo» y que «planteen soluciones».
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