Santa Cruz de Tenerife, 25 sep (EFE).
– Unas 200 personas se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para celebrar la paralización temporal del desahucio de una vecina de Granadilla, según cifras facilitadas por los convocantes, el Sindicato de Inquilinas, que ha exigido a los gobiernos central y autonómico que apliquen la legislación vigente para frenar la especulación inmobiliaria.
El desahucio, suspendido temporalmente por el juzgado, era el de una mujer enferma de cáncer, en una situación de vulnerabilidad y que carece por el momento de una alternativa habitacional cuando termine este periodo de gracia, indica un comunicado de esta organización.
El sindicato ha culpado de la crisis de vivienda a los fondos de inversión y a los gobiernos central y canario por permitir que los grandes capitales controlen un «mercado especulativo» que castiga a las clases más humildes.
También ha instado al Ministerio de Vivienda a actuar de inmediato contra los «fondos buitre» y ha denunciado que el Congreso de los Diputados ha rechazado las prórrogas de las medidas antidesahucios.
Según el Sindicato, la desaparición del denominado escudo social puede afectar a más de 97.
000 personas en el archipiélago canario.
Ha criticado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por no aplicar la ley de vivienda estatal en las islas, una inacción que, según el sindicato, impide limitar los precios de los alquileres y bloquea el acceso a 90 millones de euros en ayudas estatales destinadas a abaratar los arrendamientos.
El colectivo ha advertido de que organizarán una huelga general de alquileres si no se cambia el actual modelo.
EFEacp