Santa Cruz de Tenerife, 29 sep (EFE).
– El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Avello, ha advertido este martes, en relación a los decretos sobre vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros, que «no es bueno legislar en caliente» y ha añadido que «cualquier tipo de decisión que se adopte sobre el mercado de la vivienda genera importantes efectos».
«Si ahora se genera una inseguridad, si se aplica retroactivamente cierta legislación o si se legisla en relación a un caso concreto, cabe el riesgo de que muchos propietarios escapen o huyan del mercado de alquiler y que se genere un problema contrario», ha comentado Avello, si bien ha aclarado que no conoce en profundidad los acuerdos del Consejo de Ministros.
En unas declaraciones realizadas tras entregar la memoria anual de 2025 del TSJC a Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, Avello ha señalado que «no es bueno legislar a golpe de realidades sociales puntuales» ni «en caliente», así como que «hay que tener prudencia en la aplicación de las normas».
«En este país hacen falta viviendas, está calculado que casi hacen falta 750.
000 viviendas», así que «creo que sería más interesante que se afronte esa realidad, que se facilite la tramitación administrativa y que se quiten trabas burocráticas», ha analizado el juez, aunque ha aclarado que no es experto ni en urbanismo ni en construcción.
Avello ha confirmado que la memoria del TSJC refleja un aumento en la litigiosidad en Canarias en el ámbito de la vivienda al igual que en todos los demás, puesto que es la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad.
En el caso de la vivienda, ha subrayado la importancia de la seguridad jurídica y de contar con «un marco regulatorio lo más claro posible, tanto para el propietario que decide alquilar su inmueble como para el inquilino».
«Si no hay seguridad jurídica, los propietarios huyen del mercado, si tienes un piso y tienes problemas, posiblemente tomes la decisión de no alquilarlo y de venderlo» y eso reduce la oferta en el mercado inmobiliario, ha considerado.
Para Avello, «la vivienda es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas» y por desgracia a los jueces les llega «la parte final del proceso, es decir, el impago, la resolución del contrato y el desahucio».
No es función de los jueces garantizar que todas las personas tengan una vivienda digna, sino de los poderes públicos, aunque «es un desastre, una catástrofe, que una persona mayor se tenga que ir», ha señalado en referencia al caso del desahucio de Maricarmen.
También «hay un propietario que tiene su derecho, una normativa que hay que aplicar, y el juez lo que hace es estudiar el asunto de la mejor manera posible y con todo el tiempo que se necesita para dar una respuesta», ha precisado.
El presidente del TSJC ha explicado que «la profesión de juez es muy difícil y compleja» por tener que decidir en asuntos como este desahucio: «A lo mejor te pedía el corazón no adoptar esa decisión, pero la cabeza, la seguridad jurídica y el imperio de la ley te obligan a tomar esa decisión», ha subrayado.
Y «eso es una garantía para todos los ciudadanos: que no dependa de cómo el juez se levante o si el juez piensa una cosa u otra, sino que tenemos una ley que es aprobada por el Parlamento, está en vigor y hay que aplicarla».
En cuanto a la memoria del TSJC, su presidente ha confirmado que se mantiene la tendencia de los últimos seis años, que sitúa a Canarias como la comunidad con más litigiosidad y con un número de jueces por habitante que está entre los más bajos de la Unión Europea.
Pese a todo, los jueces en Canarias son los que más índice de resolución tienen de España, gracias al sobreesfuerzo que están realizando.
Juan Avello reivindicó la creación de mayor número de plazas judiciales, para que los ciudadanos puedan ver resuelto su procedimiento en un tiempo razonable, ya que «la justicia tardía no es justicia».
También ha abogado por una mayor calidad legislativa, porque cuanto más claras sean las normas, menos litigios hay.
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