PSOE de Puerto de la Cruz pide al gobierno local que «se persone en la causa» por vertido

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).- El PSOE de Puerto de la Cruz ha exigido este miércoles al equipo de gobierno municipal «que se persone en la causa judicial abierta» a raíz del derrame de cloruro férrico en la Estación Depuradora de Aguas Residuales comarcal del Valle de La Orotava.

Tras anunciar la empresa que gestiona estas instalaciones, Aqualia, y el Cabildo de Tenerife que llevarán estos hechos a los juzgados, el PSOE local considera que el Ayuntamiento portuense ha de hacer lo propio para «defender los intereses del municipio y garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades».

«Espero que al alcalde no le tiemble el pulso a la hora de defender los intereses de Puerto de la Cruz ante unos hechos graves que afectan directamente a nuestro municipio, a su entorno natural y a la seguridad de una infraestructura esencial», señala en un comunicado Marco González, portavoz del PSOE local.

Llama la atención sobre el hecho de que «los canales informativos municipales permanecen en silencio, sin trasladar a la ciudadanía una explicación clara sobre lo sucedido ni sobre las actuaciones que está llevando a cabo tanto la administración insular como el propio Ayuntamiento».

Marco González recuerda que, durante el pleno municipal del pasado lunes, exigió al Ayuntamiento que no limite sus gestiones al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y a Salud Pública, sino que se dirija también a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Transición Ecológica para que se pronuncie sobre el vertido registrado en la EDAR comarcal de Punta Brava.

«La Dirección General de Calidad Ambiental tiene competencias en materia de inspección ambiental, vigilancia de los vertidos y, en su caso, en la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores», con lo cual «el Ayuntamiento debe solicitar formalmente su intervención y conocer qué actuaciones va a poner en marcha ante unos hechos de esta gravedad», esgrime González.

Abunda en que el gobierno municipal «tiene la obligación de informar a sus vecinos y vecinas, reclamar explicaciones y defender los intereses de la ciudad. No puede limitarse a observar desde la distancia mientras otras administraciones y colectivos ciudadanos actúan».

Marco González considera «especialmente preocupante la falta de iniciativa» del concejal de Medio Ambiente y primer teniente de alcalde, David Hernández, de ACP, quien «ni siquiera ha mostrado interés público» por un asunto que afecta a «un espacio tan sensible» como el entorno de Punta Brava y Playa Jardín.

Esa actitud evidencia «la falta de compromiso y de liderazgo ambiental de este gobierno municipal. No estamos ante un asunto menor ni ante una incidencia administrativa más: estamos hablando de un vertido en una instalación de tratamiento de aguas residuales, que debe investigarse hasta el final», subraya González.

Por lo demás, el PSOE de Puerto de la Cruz traslada su apoyo y reconocimiento a la labor desarrollada por la plataforma vecinal Stop Vertidos, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil, y ha colaborado aportando audios y vídeos para contribuir al esclarecimiento del incidente. EFE