Santa Cruz de Tenerife, 1 oct (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha informado de forma desfavorable a la tramitación de la proposición de ley del PSOE para tratar de solucionar el conflicto sobre el uso residencial de inmuebles en zonas turísticas, ha denunciado el grupo socialista, que ha acusado al ejecutivo de CC y PP de dar la espalda a 70.
000 personas afectadas.
El diputado del PSOE Gustavo Santana ha exigido al consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), que se pronuncie sobre este rechazo y que no se ponga «de perfil».
También ha pedido a Coalición Canaria que permita la tramitación de una iniciativa que, según el PSOE, ha sido acordada con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y pretende acabar con la inseguridad jurídica de más de 70.
000 residentes.
Santana ha afirmado que Pablo Rodríguez se comprometió en 2023 con los afectados a promover cambios normativos, como plantea la proposición socialista, en la que se modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para reconocer la compatibilidad entre los usos residencial y turístico donde lo permita el planeamiento municipal.
La norma propuesta por el PSOE redefine los conceptos de establecimiento turístico y unidad alojativa y fija un régimen transitorio para poner fin a los expedientes sancionadores contra propietarios que utilizan como residencia habitual o segunda residencia viviendas situadas en complejos turísticos.
El PSOE sostiene que la iniciativa permitiría solucionar una conflictividad que se ha traducido en cientos de expedientes sancionadores y rechaza que suponga una liberalización general de los usos del suelo.
Santana ha reprochado a la consejera de Turismo, Jéssica de León, que promueva en cambio un decreto ley que no ha sido consensuado con los afectados.
El diputado del PSOE ha confiado en que a pesar del criterio contrario del Gobierno de Canarias, la proposición pueda superar el trámite parlamentario y ha apelado a los compromisos adquiridos por dirigentes de CC con la plataforma de afectados antes de las elecciones de 2023.
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